Foto: .Un juez de control le otorgó el cambio de medida cautelar de prisión oficiosa a Ricardo Thompson Navarro, socio fundador de la empresa Ingemar, para que enfrente sus cargos por huachicol fiscal en prisión domiciliaria. De acuerdo con el expediente, el socio clave del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dentro de dicha empresa, ya salió del Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, donde cumplía su prisión preventiva oficiosa que se le impuso por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. nSegún los informes judiciales, el quejoso guarda arraigo domiciliario en su domicilio inmueble ubicado en Carretera Tijuana-Ensenada, KilometColonia Sauzal, en Ensenada Baja California. "Agréguese la razón actuarial signada por el actuario judicial adscrito con el cual refiere que el quejoso Ricardo Thomson Navarro fue externado del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" en Almoloya de Juárez y fue puesto en libertad por cambio de medida cautelar", señala el resolutivo del juez de amparo. Para la Fiscalía General de la República (FGR), Ernesto Ruffo y Ricardo Thompson, así como otras implicados , formaban parte de “una colosal red de contrabando de combustible�, cuyas actividades causaron un perjuicio de más de 106 millones de pesos. Thompson Navarro fue capturado por las autoridades federales en Ensenada, Baja California, a raíz de las investigaciones sobre el ingreso de hidrocarburos mediante ferrotanques que reportaban registrar volúmenes de combustible significativamente menores a su capacidad real. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como uno de los socios clave del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dentro de la empresa Ingemar, presuntamente utilizada para operar una red de tráfico ilegal de combustibles desde Texas hacia México. Un juez de control le concedió el cambio de medida cautelar a Ricardo Thompson Navarro, socio fundador de la empresa Ingemar, por lo que ordenó su liberación. De acuerdo con los registros judiciales, el también socio de Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, ya abandonó el penal del Altiplano y fue trasladado a su domicilio ubicado la colonia Sauzal en el municipio de Ensenada, donde cumple el arraigo domiciliario. “Agréguese la razón actuarial signada por el actuario judicial adscrito con el cual refiere que el quejoso Ricardo Thomson Navarro fue externado del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno ‘Altiplano’ en Almoloya de Juárez y fue puesto en libertad por cambio de medida cautelar�, señala el acuerdo. En julio de pasado Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control con residencia en el penal del Altiplano, lo vinculó a proceso por delincuencia organizada y contrabando relacionados con el llamado caso de huachicol fiscal ferroviario. Durante la audiencia inicial en contra de Thompson, el Ministerio Público Federal solicitó en aquella ocasión la vinculación a proceso, pues argumentó que cuenta con diversos domicilios, por lo que no es posible garantizar su arraigo y, por ende, se infiere que representa un peligro de sustracción, al no estar garantizada su comparecencia. Asimismo, dijo que cuenta con registros de movimientos migratorios desde el año 2015 al 2018, y tiene pasaporte vigente, lo cual facilitaría que este pudiera salir del país por vía área, lo cual debía ser tomado en cuenta como un posible peligro de sustracción de la justicia, al ser difícil su localización. También cuenta con el registro de su participación en catorce empresas en (Ensenada), por lo cual se puede inferir que posee con los recursos económicos para poder trasladarse a cualquier parte del país o incluso fuera de él, lo cual pudiera considerarse como un peligro de sustracción de la justicia. Según la imputación de la FGR, en 2025 Ingemar importó 2 mil 137 millones de litros de petrolíferos, mientras que Servicios Aduanales JR, introdujo otros 225 mil 633 litros, sin contar con los permisos de la Secretaría de Energía. Del volumen total presuntamente introducido de manera ilegal, las autoridades federales aseguraron más de 18 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, lo que ocasionó un daño a la hacienda pública por 166 millones 466 mil pesos.