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XALAPA.- Vaya caso, Frida Narayana Cortés Millán, detenida por el caso de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y recluida en el penal de Pacho Viejo, denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) las condiciones en las que permanece privada de la libertad, entre ellas el hacinamiento y la falta de un espacio adecuado para dormir. La solicitud fue ingresada el 30 de septiembre de 2026 por su defensora voluntaria, Gabriela Rasgado Martínez, quien requirió la intervención urgente del organismo ante presuntas violaciones a los derechos humanos de la interna de 31 años, quien cuenta con diagnósticos médicos y psicológicos de ansiedad y depresión. El documento señala que el área femenina del centro penitenciario padece sobrepoblación, al albergar a más de 120 mujeres en un espacio diseñado para 60 personas, situación que derivó en que la interna permanezca sin acceso a una cama o plancha desde su ingreso el 17 de enero de 2026. La defensa señaló que dormir en el piso agravó sus padecimientos y que, tras las recientes lluvias en la región de Xalapa, la afectada sumó al menos tres días sin dormir, argumentando ante la CEDH que la privación del sueño constituye una forma de tortura, según protocolos de Naciones Unidas. De acuerdo con la queja, el defensor reconoció la falta de capacidad operativa frente a la sobrepoblación e intentó justificar la saturación, al tiempo que sugirió a la representante que la interna evitara contacto con reclusas clasificadas como “peligrosas y/o conflictivas”, ante posibles traslados a otros reclusorios. La representación legal añadió que, luego de haber conseguido un espacio provisional para descansar, Cortés Millán fue desalojada para reubicar a otra interna, hecho que ocurrió pocas horas después de que sus familiares ofrecieron una rueda de prensa para señalar presuntas irregularidades en la integración de la carpeta de investigación. Ante los hechos y respaldada por un oficio de la Secretaría de Seguridad Pública del 8 de mayo de 2026 con el historial médico de la reclusa, la defensa solicitó investigar a Raúl López Ambriz y/o Andrés Noche Cruz, encargado del despacho de la dirección, además de requerir medidas cautelares urgentes a la CEDH y remitir copia del caso a la gobernadora Rocío Nahle y al secretario de Seguridad Pública.
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