| El legislador destacó la gravedad de la crisis humanitaria que aqueja al país y al estado, destacando que en Veracruz existen 7 mil 202 casos vigentes de personas desaparecidas y no localizadas, concentrándose la mayor incidencia en los municipios de Veracruz, Xalapa, Córdoba, Poza Rica y Coatzacoalcos. |
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XALAPA.- Acaso como un reconocimiento del fracaso de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública, el diputado del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, propuso una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar atribuciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, con el objetivo de dotar a los ayuntamientos de competencias legales explícitas en materia de búsqueda y acompañamiento ante el reporte de personas desaparecidas. El legislador destacó la gravedad de la crisis humanitaria que aqueja al país y al estado, destacando que en Veracruz existen 7 mil 202 casos vigentes de personas desaparecidas y no localizadas, concentrándose la mayor incidencia en los municipios de Veracruz, Xalapa, Córdoba, Poza Rica y Coatzacoalcos. Díaz Ávila señaló que, aunque las reformas federales de 2025 fortalecieron el marco normativo nacional con herramientas como la Alerta Nacional de Búsqueda y la Plataforma Única de Identidad, la legislación estatal vigente mantiene a los municipios con atribuciones muy limitadas. “En la práctica, los municipios —a petición de las familias afectadas— participan en diversas acciones de acompañamiento y de búsqueda inmediata sin contar aún con las atribuciones legales para actuar en esta materia. Ante este solidario acompañamiento, corresponde dotarlos de las necesarias atribuciones jurídicas”, destacó el diputado. La iniciativa busca dar respaldo jurídico a las actuaciones de búsqueda inicial y acompañamiento que los municipios veracruzanos realizan desde el primer reporte de ausencia. Garantizar que las intervenciones municipales se apeguen estrictamente a los protocolos de protección integral a los derechos humanos y atención a colectivos de búsqueda. Fortalecer el papel de las autoridades locales como primer contacto operativo y de enlace directo con la Comisión Estatal de Búsqueda y fiscalías.
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