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Familias de mineros desaparecidos en Concordia señalan omisiones de Vizsla Silver.
Familiares de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, acusaron a la minera canadiense Vizsla Silver Corp de omisiones en la investigación y exigieron a la FGR requerir a la empresa videos, registros de GPS y otros datos que, aseguran, podrían ayudar a esclarecer su paradero.
Martes 29 de Septiembre de 2026
Por: animalpolitico.com
Foto: .
Ciudad de México.- Familiares de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, privados de su libertad el 23 de enero de 2026, denunciaron que la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp incurrió en graves omisiones para esclarecer el paradero de sus trabajadores.

En conferencia de prensa, la representación legal y familiares de las víctimas expusieron las irregularidades en la investigación por la desaparición de mineros en Sinaloa. Señalaron que la compañía omitió entregar datos clave a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y que, tras los hechos, únicamente realizó un reporte telefónico al 911.

Exigen a la FGR entregar evidencias y videos de Vizsla Silver
El abogado Odrasir Ricardo Espinoza Valdés, representante legal de las familias de los trabajadores, también precisó que la compañía mantiene en su poder elementos que no han sido integrados a la carpeta de investigación.


“La empresa Vizsla no denunció de manera formal estos hechos. Existen cámaras, existían GPS, existía mucha información que aparentemente está en manos de la empresa y que al día de hoy no la tenemos en la investigación. Por eso queremos que llegue esa información para saber qué pasó”, declaró Espinoza Valdés.

El representante jurídico añadió que la legislación penal obliga a quienes presencian o tienen conocimiento de un delito a colaborar con las autoridades.


“Lo que pasó fue una llamada al 911. Eso es un reporte, no es una denuncia formal. El Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro en que, si estás ante una situación de un delito, tienes que colaborar y dar la información”, agregó el abogado.



Antecedentes de inseguridad en la mina Pánuco previa a la desaparición
De acuerdo con la representación legal, previo al caso de los mineros desaparecidos en Concordia, se registraron al menos 12 incidentes de seguridad en la zona del proyecto minero Pánuco.

Entre los antecedentes destaca una circular emitida por la propia minera en abril de 2025, en la que se anunció la suspensión de labores debido a las condiciones de seguridad en la región. No obstante, en mayo de ese mismo año la empresa reanudó las actividades.

“Existe un comunicado oficial donde en el mes de abril de 2025 la propia empresa reconoce condiciones que no eran las adecuadas y saca a los mineros, y en mayo los hace regresar. ¿Cuáles fueron las medidas y protocolos que tomaron para volver a activar a la empresa?”, cuestionó Espinoza Valdés.


Por su parte, los familiares cuestionaron la operación de la mina en un contexto de violencia recurrente en el municipio de Concordia y que esta se haya deslindado en su totalidad de la desaparición de sus trabajadores.

“Me parece increíble cómo una empresa que cotiza en la bolsa, que tiene que seguir ciertas normas y está regulada, está operando en una zona básicamente de conflicto, exponiendo a sus empleados”, afirmó Alan Esparza, vocero de las familias e hijo del ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez, quien al día de hoy se encuentra en calidad de desaparecido.

Peticiones institucionales a la FGR y a la STPS por la vía judicial
Ante la falta de avances en las investigaciones sobre la desaparición de mineros en Sinaloa, las familias solicitaron formalmente a la FGR que requiera a Vizsla Silver Corp los videos de vigilancia, registros de GPS, equipos telefónicos corporativos, correos electrónicos y las evaluaciones de riesgo previas al 23 de enero.

Asimismo, pidieron la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para que entregue los informes de las inspecciones laborales realizadas a la mina y certifique si contaba con las condiciones de seguridad normativas.


Espinoza Valdés advirtió que, en caso de que la representación social federal no desahogue estos requerimientos en un plazo razonable, acudirán ante un juez de control para que ordene judicialmente la ejecución de dichas diligencias.

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