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| Colectivas señalan barreras para garantizar acceso efectivo al aborto en México. | ||||||
| En el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la Red de Mujeres por la Salud (REMUSA) expresaron que es urgente que los congresos de las siete entidades que aún no despenalizan el aborto lo hagan. | ||||||
| Lunes 28 de Septiembre de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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En el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la Red de Mujeres por la Salud (REMUSA) expresaron que es urgente que los congresos de las siete entidades que aún no despenalizan el aborto lo hagan. GIRE, ILSB, CDD y REDefine, entre otras organizaciones, desplegaron mantas con la leyenda “Aborto Legal y Seguro” en Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tamaulipas para exigir la despenalización del aborto. En tanto, otras colectivas marcharon desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan hacia el Zócalo capitalino con la misma exigencia: que en todo México haya acceso a la ILE. Exigieron “aborto libre, gratis y seguro”. Aydé García Hernández, directora de CDD, señaló a La Jornada que “tenemos un gran pendiente en términos de que no todas las mujeres del país pueden acceder a un aborto libre y seguro.” Apuntó que la objeción de conciencia de los médicos “sigue siendo una gran barrera, ya que pese a que la ley dice que independientemente de que haya objetores, la institución pública de salud está obligada a dar los servicios médicos”, esto se complica en muchos lugares. Recordó que existe una iniciativa de ley para regular la objeción de conciencia con los estándares señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que “fue turnada de la Cámara de Diputados al Senado, en donde está atorada en la Comisión de Salud.” Sobre el tema, la investigación Aborto, de la despenalización al acceso, del ILSB, que analiza la situación en ocho estados —Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Michoacán, Quintana Roo, Puebla y Veracruz—, coincide en que la falta de personal capacitado genera dependencia de un número reducido de médicos no objetores. Lo anterior provoca que la atención se concentre en pocas unidades, saturándolas y dificultando una cobertura oportuna, especialmente en estados con gran extensión geográfica, señaló personal de salud entrevistado por las realizadoras del estudio. García Hernández recordó que CDD cuenta con una campaña en la que se hace énfasis en que el aborto es un derecho, para contribuir a su despenalización social; “ya no podemos seguir estigmatizando y criminalizando a las mujeres que se practican una ILE.” REMUSA solicitó a los tres órdenes de gobierno garantizar que la ILE se consolide como un “servicio de salud pública, gratuito, oportuno y libre de estigma, pues persisten brechas en el acceso a este derecho que afectan particularmente a las mujeres y niñas en mayores condiciones de vulnerabilidad”. Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC) y el proyecto colectivo Vulvísima realizaron dos intervenciones murales en la Ciudad de México para llevar al espacio público una conversación sobre aborto, autonomía reproductiva y derecho al cuidado. GIRE detalló que, en los casos de Durango y Morelos, existen mandatos judiciales —derivados de los amparos indirectos 116/2023 y 1638/2023, respectivamente— en los que se ordena a los congresos reformar su legislación penal; sin embargo, han decidido ignorar el tema y no han hecho la modificación correspondiente. En Querétaro —que solo cuenta con dos causales: violación e imprudencia o culpa de la persona embarazada—, activistas organizadas han acompañado a mujeres para acceder a un aborto en los servicios estatales de salud con base en el amparo 71/2023, presentado por GIRE ante la omisión del Estado para garantizar los derechos reproductivos. En Guanajuato, uno de los estados más conservadores, está por vencer el plazo concedido por la SCJN para que el Congreso local reforme el Código Penal. En Sonora, Nuevo León y Tamaulipas no se ha discutido ninguna de las iniciativas presentadas y parece no haber consenso sobre el tema. En Nuevo León, en 2019, la SCJN invalidó la reforma constitucional local promovida por actores ultraconservadores que otorgaba el estatus jurídico de persona al embrión o feto desde la concepción. “La falta de reconocimiento y de acceso efectivo al aborto como derecho humano perpetúa la desigualdad de género, especialmente contra las personas que ya viven discriminación por su condición económica, identidad de género y origen étnico o racial. La labor del Estado es garantizar que todas las mujeres puedan decidir de manera libre, segura e informada sobre su proyecto de vida y ejercer la autonomía sobre sus cuerpos, y eso requiere que se asignen los recursos necesarios a este tema.”, aseguró Isabel Rubio, de la Red de Mujeres por la Salud. |
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