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| El Estado sigue sin responder por la muerte del normalista Julio César Mondragón en la noche de Iguala: familiares. | ||||||
| Por conducto de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad demandaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita a la brevedad el informe de admisibilidad de la petición P-2382-22, y que “acumule” el de fondo, en caso de proceder, ante la falta de respuesta del gobierno. | ||||||
| Lunes 28 de Septiembre de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Por conducto de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad demandaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita a la brevedad el informe de admisibilidad de la petición P-2382-22, y que “acumule” el de fondo, en caso de proceder, ante la falta de respuesta del gobierno. La red, que encabeza el obispo Raúl Vera López, señaló que el Estado mexicano “incumplió” con su deber de enviar a la CIDH sus observaciones sobre la denuncia que se presentó ante dicho órgano sobre este caso. Refirió que el litigio ante la CIDH fue interpuesto el 16 de diciembre de 2022, en representación de la madre del estudiante Afrodita Mondragón Fontes, y el 27 de diciembre de 2023 la Comisión le notificó al gobierno. Sin embargo, el plazo máximo de cuatro meses para presentar sus observaciones venció y el 12 de agosto de 2024 la Comisión dejó constancia de su falta de respuesta. "El silencio del Estado ante la CIDH no es un trámite pendiente: es la continuación de la misma impunidad que ha marcado este caso desde la noche de Iguala", señaló la organización que representa a la familia del normalista Mondragón, originario de Tenancingo, Estado de México. Asimismo recordó que la investigación en México se abrió por homicidio calificado, a pesar de que existe un dictamen oficial que reconoce que Julio César fue torturado. Por ello, exigió a las autoridades mexicanas la reclasificación del delito reconociendo su “ejecución extrajudicial”. Tampoco se han esclarecido las contradicciones en los reportes militares sobre el lugar, la hora y las personas que encontraron su cuerpo, señaladas desde hace años por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. También pidieron que se investigue a todos los actores y niveles de responsabilidad, incluida la actuación de las fuerzas armadas, y se esclarezcan las circunstancias del hallazgo del cuerpo del estudiante “Doce años después, no se sabe con certeza quiénes lo privaron de la libertad, quiénes lo torturaron y lo asesinaron, ni qué autoridades supieron de ello”, reclamó. La asociación defensora de derechos humanos, recordó que la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, Julio César Mondragón Fontes, estudiante de 22 años de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, originario de Tenancingo, estado de México, fue perseguido tras el ataque armado contra sus compañeros, ocurrido en el cruce de Juan N. Álvarez y Periférico Norte. A la mañana siguiente, su cuerpo fue localizado con el rostro desollado y con múltiples fracturas. Después de 12 años, no se sabe con certeza quiénes lo privaron de la libertad, quienes lo torturaron y lo asesinaron, ni qué autoridades supieron de ello. La Red Solidaria precisó que el 27 de diciembre de 2023, la CIDH notificó que la petición había sido trasladada al Estado mexicano en la etapa de admisibilidad. Sin embargo, el Estado dejó vencer el plazo para presentar sus observaciones, y el 12 de agosto de 2024, la Comisión dejó constancia de su falta de respuesta. Los defensores demandaron al Estado mexicano que además de que reclasifique la investigación, reconociendo la tortura y la ejecución extrajudicial de Julio César, la reparación integral a la familia de Julio César Mondragón y el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado, con garantías de no repetición. "A 12 años, la familia de Julio César sigue esperando verdad y justicia. Ni perdón ni olvido", manifestó la Red Solidaria Década contra la Impunidad. |
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