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| ORFIS observa presunto daño patrimonial por más de 50 mdp en San Rafael, en el cierre de la administración de Héctor Lagunes deberá aclararlo ¿dónde estará? . | ||||||
| De acuerdo con la información proporcionada, el monto observado representa alrededor del 35.38 por ciento del presupuesto anual ejercido, estimado en 144 millones de pesos. | ||||||
| Sbado 26 de Septiembre de 2026 | ||||||
| Por: REDACCION GOBERNANTES | ||||||
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Los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 colocan a la pasada administración municipal de San Rafael, encabezada por Héctor Lagunes Reyes, bajo el escrutinio del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), al reportarse un presunto daño patrimonial por 50 millones 944 mil pesos. De acuerdo con la información proporcionada, el monto observado representa alrededor del 35.38 por ciento del presupuesto anual ejercido, estimado en 144 millones de pesos. El resultado corresponde al último año de la administración conocida localmente como el “Lagunato”. Más allá de las cifras, el señalamiento adquiere relevancia porque los recursos públicos representan la base financiera con la que los municipios deben sostener servicios, obras y acciones dirigidas a la población. Del monto señalado por el ORFIS, 29 millones 236 mil pesos corresponden a aspectos relacionados con la gestión financiera y presupuestal, mientras que 21 millones 708 mil pesos están vinculados con obra pública. Entre las observaciones referidas destacan: Traspasos bancarios: Aproximadamente 8.5 millones de pesos que, según los señalamientos, no contarían con documentación suficiente para acreditar su procedencia y correcta aplicación. Ayudas sociales: Cerca de 4.5 millones de pesos destinados a apoyos respecto de los cuales no se habría presentado un padrón de beneficiarios ni constancias suficientes que avalaran la entrega de los recursos. Nómina y finiquitos: Alrededor de 4.4 millones de pesos relacionados con pagos al personal, cuyas documentaciones carecerían de las firmas suficientes para acreditar plenamente su cobro. El capítulo de infraestructura representa una parte importante del monto observado. Entre los casos mencionados se encuentra el sistema de drenaje de la localidad Úrsulo Galván, un proyecto con una inversión aproximada de 4.2 millones de pesos que, según las observaciones, carecería de diversas validaciones y permisos, además de encontrarse sin operar. A ello se agregan alrededor de 3.3 millones de pesos relacionados con ingresos municipales que no habrían sido registrados en la contabilidad. Estos casos colocan el foco no solamente en el destino documental de los fondos, sino también en la necesidad de que las obras financiadas con dinero público cumplan con los requisitos técnicos y legales necesarios para beneficiar a la ciudadanía. El presunto daño patrimonial señalado para San Rafael adquiere una dimensión particular al compararse con el presupuesto ejercido durante el año fiscalizado: se trata de una cantidad equivalente a más de una tercera parte de esos recursos. Sin embargo, las cantidades señaladas por el órgano fiscalizador deben entenderse como observaciones dentro del proceso de fiscalización, y no como una resolución definitiva de responsabilidad para las personas señaladas. La revisión de las cuentas públicas tiene entre sus objetivos identificar inconsistencias y permitir que los entes fiscalizados presenten la documentación y aclaraciones correspondientes. |
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