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XALAPA.- Aunque consideró que se trata de un avance en la dirección correcta, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) calificó como insuficiente el nuevo acuerdo de las autoridades educativas que restringe el uso de celulares en las escuelas públicas y privadas del paÃs, al advertir que la medida fracasará si no incluye la participación de las familias. "El Acuerdo constituye un primer paso en la dirección correcta. No obstante, resultará insuficiente si no se complementa con acciones de mayor alcance que fortalezcan de manera real la autoridad de los docentes y si no se corrige la omisión de haber construido la propuesta sin la voz sistemática de las familias", reiteró Israel Sánchez MartÃnez, presidente nacional de la UNPF. La organización reconoció la disposición gubernamental para limitar las pantallas en las aulas, pero determinó que retirar los dispositivos no resolverá la crisis educativa actual. En ese tenor, el dirigente consideró que el Acuerdo 09/09/26 presenta una omisión de fondo desde su redacción al excluir al núcleo familiar. "En el diagnóstico y en el proceso de construcción del Acuerdo no se escuchó de manera suficiente ni estructurada a los padres de familia", aseguró el directivo, tras detallar que las autoridades se centraron únicamente en foros técnicos y en el personal docente. El documento oficial, que entrará en vigor el 3 de noviembre de 2026, otorga 180 dÃas a los estados para adaptar sus leyes locales. Ante esto, la organización precisó que, en el actual contexto de rezago educativo, prohibir los dispositivos no revierte de forma automática las dificultades de atención, memoria, creatividad y regulación emocional que ya documentan los propios profesores. Sobre la aplicación de la norma, la UNPF exigió establecer lineamientos legales precisos que delimiten las responsabilidades en los planteles. Sánchez MartÃnez advirtió que "para fortalecer la autoridad de los docentes, se requiere mucho más que retirar celulares", y alertó que mantener las reglas en la ambigüedad podrÃa perjudicar legal y administrativamente a los maestros frente a los alumnos. Por este motivo, la organización solicitó habilitar de inmediato espacios de diálogo permanente entre las escuelas y los hogares para fijar reglas conjuntas que incluyan horarios de uso, restricciones en redes sociales y lÃmites de exposición a las pantallas antes de dormir, acompañados de material de orientación para los padres. Además de la restricción de los teléfonos, los padres de familia pidieron al gobierno garantizar la infraestructura y la ruta pedagógica necesarias para revertir los bajos resultados de la prueba PISA en lectura y matemáticas. Esto implica dotar a las escuelas de equipos de cómputo funcionales, capacitar a los maestros y entregar programas educativos estructurados, en lugar de solo limitar las herramientas digitales personales. La UNPF instó a las dependencias federales y estatales a evaluar de forma periódica y transparente los resultados de esta restricción. Plantearon que las polÃticas públicas deben abordar de manera integral las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, bajo la premisa de que los entornos escolares seguros solo se logran con el trabajo conjunto entre el Estado, las escuelas y los hogares. Asà las cosas.
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