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| Zapoteco defensor del bosque pasa 15 años en prisión por falso delito. | ||||||
| El pasado 27 de marzo, el director de la prisión de Villa de Etla, Oaxaca, lo mandó llamar: “Aquí está tu boleta de libertad”, le dijo sin más explicación. Sorprendido, Pablo que llevaba 15 años preso, leyó que el delito “homicidio calificado” por el que iba a permanecer en ese reclusorio 30 años, lo habían modificado a “homicidio simple” en la causa penal 102/2007. | ||||||
| Domingo 20 de Septiembre de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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El pasado 27 de marzo, el director de la prisión de Villa de Etla, Oaxaca, lo mandó llamar: “Aquí está tu boleta de libertad”, le dijo sin más explicación. Sorprendido, Pablo que llevaba 15 años preso, leyó que el delito “homicidio calificado” por el que iba a permanecer en ese reclusorio 30 años, lo habían modificado a “homicidio simple” en la causa penal 102/2007. “Así nomás me echaron fuera, sin decirme si fui culpable o inocente”, dice Pablo en entrevista con La Jornada junto a su esposa, la luchadora social Yolanda Pérez Cruz. “Ahora exijo al Poder Judicial federal de México una revisión de la criminalización que viví más de 15 años con siete meses y 12 días privado de mi libertad. Quiero una respuesta concreta: ¿culpable o inocente? Estoy reclamando además la reparación del daño de todo lo que me hicieron por defender el bosque. Desconozco cuánto cuesta pasar 15 años en la cárcel siendo inocente. El gobierno es un poco de oídos sordos. Estoy pidiendo garantías de seguridad para vivir y regresar a mi pueblo, para seguir luchando por el bosque y lo que todavía podamos conservar”, expresó. Encapuchados lo capturan Pablo tiene 57 años y luchaba contra la tala de árboles de la Sierra Norte de Oaxaca. Fue policía comunitario y miembro del comité de agua potable del Consejo Indígena. Aquel 15 de agosto del 2010, venía en su camioneta con su familia cuando fue interceptado en el camino y detenido en las cercanías del Río Virgen, en su comunidad San Isidro Aloápam, del municipio de San Miguel Aloápam, Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Eran 15 hombres vestidos de negro, encapuchados con armas largas. Sin identificarse, sin una orden de aprehensión y con lujo de violencia, lo amenazaron, lo golpearon y lo subieron a una camioneta naranja donde lo incomunicaron: “Me venían cerrando el paso. Me orillé y de entre la lona que tapaba la parte trasera salieron los encapuchados y me rodearon. Uno de ellos quería abrirlo y yo le dije: “¿Qué pasó?” Y él me respondió: “¡Hasta aquí te cargó la chingada!”. Los demás, sacaron a mi esposa y a mi nietecito de cinco años. Los tiraron en el piso y a mí me sacaron a golpes. “Eran tiempo aciagos para los defensores del bosque bajo el gobierno represivo del priísta Ulises Ruiz. Durante varias horas lo mantuvieron incomunicado: “Luego me pasaron a una camioneta blanca. Llegamos a la desviación de Santa Ana Yareli con San Isidro Aloápam, allí había otra camioneta blanca y me volvieron a pasar. Llegamos a El Llano, donde había hombres y mujeres y otro encapuchado me dijo ‘¡párate!’ “En ese momento la gente empezó a gritar: ‘¡Mátenlo!’. A continuación, otro encapuchado me preguntó: ‘¿Cuantos mataron en el cerro?’. No sé de qué me estás hablando, respondí. Otro encapuchado añadió: ‘Éste no va a hablar’. Y empezaron a golpearme. Me dejaron tirado en el suelo.” Casi inconsciente por la golpiza, Pablo escuchó a otro decir: “¿Quieres seguir vivo o hasta aquí te cargó la chingada?”. “Yo levanté la vista y les dije: Esa pregunta no se hace. Si los tienes bien puestos, ¡jálale! Ya mi familia vio por donde me trajeron’. La respuesta fue taparme el rostro. Me golpearon más, mientras escuchaba a gente decir: “¡Desaparézcanlo, mátenlo!”. Era la una de la tarde. Luego lo subieron a otra camioneta. Pasaron horas. Hasta las seis de la tarde llegaron a San Juan del Estado donde le descubrieron el rostro y lo esposaron con las manos por delante: “Empecé a ver a dos personas con su uniforme de policía estatal. De ahí me llevaron al Ministerio Público de Villa de Etla y un señor gordo, sin decirme su cargo, me dijo: ‘¿Con que tú eres el que mató a las personas en el cerro?’. No le respondí nada. A continuación dijo: ‘aquí vas a escuchar los delitos que cometiste’”. Lo acusaron de tentativa de homicidio de siete personas y del homicidio de otros dos hombres con la causa penal 102/2007. Sin considerar su condición indígena, jamás le proporcionaron un intérprete de su lengua zapoteca para garantizar su defensa y el debido proceso. A Pablo le confirmaron el 6 de diciembre de 2010 en segunda instancia, el auto de formal prisión por el homicidio de Matildio Méndez Santiago, un hombre a quien jamás conoció. Estuvo siete años y un mes preso sin que le dictaran sentencia, hasta septiembre de 2017, cuando lo condenaron por el delito de “homicidio calificado” a 30 años de prisión y a pagar una multa de 112 mil 812 pesos. El juez no tomó en cuenta las contradicciones de los testigos de cargo, ni las inconsistencias de los dictámenes periciales o las discrepancias en horarios de las diligencias y su contraposición con los testimoniales. Por tanto, la defensa de Pablo interpuso un recurso de apelación. Intervención de la ONU En ese entonces, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas emitió la opinión 23/2017 donde calificaba el caso de Pablo como una detención arbitraria por su trabajo como defensor del bosque dentro del informe de la entonces relatora especial, Mary Lawlor, en torno a las personas que trabajan en el ámbito del cambio climático. La organización no gubernamental Consorcio Oaxaca, dirigida por Yésica Sánchez Maya, encabezó su caso en el contexto del incremento de la violencia contra personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, ya que México es el cuarto país con la mayor tasa del mundo de asesinatos de personas defensoras de la tierra con 21 homicidios y cuatro ejecuciones extrajudiciales en 2024. Peor aún, Global Witness señala en su informe que más de 70 por ciento de los asesinatos fueron a indígenas y 40 por ciento de las víctimas estaban luchando contra las explotaciones mineras y multinacionales de la región. A pesar que organismos internacionales emitieron llamados urgentes para la liberación de Pablo, el Estado mexicano permaneció omiso, lo cual demostró la existencia de la criminalización de la defensa del medio ambiente y el territorio en México, en particular en Oaxaca. En octubre de 2018, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca confirmó la sentencia contra Pablo replicando los mismos argumentos del juez a tal grado de incluir los errores ortográficos. En 2019 se promovió un juicio de amparo directo y, en enero de 2020, el primer tribunal colegiado del decimotercer circuito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, concedió finalmente la protección de la justicia federal a Pablo. Tardaron ocho meses en atenderla, aunque el juez penal de Villa de Etla dictó nuevamente formal prisión en su contra. En diciembre de 2020, cinco relatores e integrantes de grupos de trabajo de la ONU emitieron una acción urgente UAMEX 14/2020 para instar al gobierno a liberar a Pablo, por las graves violaciones al debido proceso. El Estado mexicano continuó en silencio sin atender el caso. Contubernio del gobierno con los talamontes Mientras Pablo permanecía en prisión, el bosque que defendía fue destruido por multinacionales en connivencia con los gobiernos de Oaxaca de los priístas Ulises Ruiz, Gabino Cué, Alejandro Murat y Salomón Jara Cruz: “El gobierno ha cuidado con policía a los talamontes, sin importar las tomas de agua para la comunidad. Casi acabaron de destruir todo”. La batalla legal contra Pablo siguió entre amparos y jueces y continuó hasta su libertad. Ahora, empieza una nueva lucha por el reconocimiento de su inocencia y su legítimo derecho a una indemnización: “Me torturaron física y verbalmente. No encuentro un nombre para ponerle a lo que me hicieron”. El encarcelamiento no detuvo a Pablo: “Seguí hablando en defensa de la naturaleza para que ya no siguieran talando. Entre 2012 y 2014, mientras estaba en la cárcel, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente le autorizaron permisos al municipio de San Isidro Aloápam y a sus caciques para que talaran en la zona virgen. Destruyeron mucho bosque, desaparecieron manantiales y ojos de agua”. Añade: “Esas autoridades empezaron a amenazar a mi pueblo diciendo que si iban a verme o me defendían, les iba a pasar lo mismo que a mí. Fue entonces cuando mi pueblo ya no se pudo mover. Las autoridades se doblaron por las amenazas”. Pablo no ha vuelto a su comunidad por seguridad. Extraña el bosque, sueña con el bosque; uno que ya casi no existe: “Estuve guardado estos seis meses por garantía de mi vida. La amenaza en mi contra sigue. Hay gente que dice que no debo estar libre. Me dicen asesino, pero yo digo ¿asesino de qué? Nunca le hice daño a nadie. Me dicen asesino por defender el bosque, pero no creo que sea un delito”. Añade llorando : “El mismo gobierno dice que debemos conservar la naturaleza, cuidar y proteger los bosques. Pero nos vamos a secar por tanta tala. La lágrima y la tristeza nos gana. El árbol tiene vida, aunque no puede expresar una palabra. El río que se seca, el agua que ya no está, es la sangre de nuestra madre tierra”. Pablo tiene seis hijos y 10 nietos. Trabaja haciendo artesanías y carpintería para solventar el gasto de su familia. Su esposa, Yolanda Pérez Cruz, ha sufrido su cautiverio con diversas enfermedades y con la persecución. “Nos están criminalizando”, denuncia con lágrimas en los ojos. Pablo interviene y remata: “Estos 15 años perdimos todo”. |
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