De Veracruz al mundo
Promueve Duarte amparo para saber si existe otra orden de aprehensión en su contra; dice que la instrucción dada a la FGR es que no salga de la cárcel.
Sin embargo, el juzgador declinó continuar conociendo el asunto, porque señaló que corresponde a otro juez de la capital estudiar su petición.
Jueves 17 de Septiembre de 2026
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- Vaya caso, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa promovió un amparo con la intención de conocer si existe alguna nueva orden de aprehensión en su contra. La demanda fue radicada en el juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal que preside Rubén Darío Noguera Gregoire. Sin embargo, el juzgador declinó continuar conociendo el asunto, porque señaló que corresponde a otro juez de la capital estudiar su petición. En el acuerdo publicado, se menciona que el quejoso solicitó la protección de la justicia contra cualquier orden de aprehensión, por lo que se requirió a diversos juzgados de Distrito de la Ciudad de México emitir informes. En febrero de este año, el exmandatario estatal fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de peculado de cinco millones de pesos, ilícito que según la Fiscalía General de la República (FGR) lo cometió cuando gobernaba. Ante Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, el ex funcionario acusó que existía una instrucción política para que no saliera de la cárcel, ya que estaba a dos meses de cumplir su sentencia de nueve años de prisión. Aseguró que la orden dada a los funcionarios de la FGR fue: ‘Póngale, fabríquenle, háganle, pero no puede salir ese señor de la cárcel. Apurémonos a ponerle una medida cautelar para que no salga’. De igual forma, en noviembre de 2025, Ángela Zamorano Herrera, jueza federal de Ejecución de Sanciones, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, rechazó otorgar el beneficio de libertad anticipada al ex gobernador por no cumplir con dos de los siete requisitos que ordena la Ley Nacional de Ejecución Penal. La juzgadora refirió que la defensa del ex gobernador no acreditó que durante los ocho años siete meses que llevaba en prisión haya cumplido a cabalidad con el plan de actividades, el cual comprende actividades laborales, culturales, educativas y de capacitación para facilitar su reinserción social. Concluyó que la defensa solo aportó, a través de sus testigos, un informe de los últimos seis meses.

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