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XALAPA.- Lo que inició como una controversia mercantil por aproximadamente 270 mil pesos, en 2019, actualmente representa una reclamación judicial de 2 millones 450 mil pesos, en un litigio que involucra la intención de adjudicar un inmueble cuyo valor de mercado, según los afectados, sería considerablemente mayor a la cantidad reclamada. El expediente es parte de una serie de procedimientos que presuntamente estarían vinculados con el abogado Roly Domínguez Romero, a quien acusan de participar en una estructura que habría utilizado documentos, pagarés, contratos, escrituras y otros instrumentos notariales cuya autenticidad ha sido cuestionada. Los denunciantes consideran que la diferencia entre el adeudo originalmente planteado y la cantidad que posteriormente se reclamó constituye uno de los principales puntos de la controversia, debido a que, sostienen, el procedimiento podría concluir con la entrega de una propiedad por un precio inferior a su valor comercial. De acuerdo con la documentación referida por los afectados, el 7 de marzo de 2023 Roly Domínguez adquirió mediante una cesión onerosa los derechos litigiosos y de crédito relacionados con la controversia. La operación fue ratificada ante notario y tres días después quedó inscrita en el Registro Público. 1. En el mismo expediente aparecen como abogados patronos Pedro Damián “N” y Miguel Isaac “N”, quienes recientemente fueron detenidos y permanecen bajo prisión preventiva por investigaciones relacionadas con estos hechos. Posteriormente, el 6 de octubre de 2023, los derechos derivados del adeudo fueron transferidos nuevamente a otra persona mediante una operación de características similares y ante el mismo fedatario. El movimiento quedó inscrito el 25 de octubre y Pedro Damián “N” volvió a figurar como representante legal. Los denunciantes cuestionan además la documentación utilizada en estas operaciones y sostienen que en uno de los instrumentos existiría una presunta falsificación de la firma del notario. La acusación va más allá de este expediente. Las víctimas afirman que en distintos litigios se habría recurrido a documentación presuntamente apócrifa para generar juicios civiles y mercantiles que posteriormente derivaron en desalojos, lanzamientos o pérdida de bienes. Entre los señalamientos también se encuentra la posible intervención de servidores públicos de los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio de Xalapa y Veracruz, por la inscripción de documentos cuya legalidad es cuestionada por los denunciantes. Los afectados también solicitaron investigar la actuación de integrantes del Poder Judicial que, presuntamente, habrían permitido que algunos de estos procedimientos avanzaran hasta etapas de adjudicación de inmuebles. En los señalamientos figuran Patricia Aburto Córdoba, jueza del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de Xalapa; Leopoldo Toss Capistrán, juez; así como los magistrados Jonathan Cortés Vargas y Violeta Condado Zagada. También mencionan a Juana Martínez Espinosa, a quien atribuyen una presunta función de intermediación. En este proceso, la Fiscalía General del Estado informó ayer sobre el ofrecimiento de una recompensa de 350 mil pesos a cambio de información que permita ubicar a Roly Domínguez Romero. Dentro de las investigaciones ya fueron detenidos Miguel Isaac “N” y Pedro Damián “N”, quienes fueron imputados y quedaron sujetos a prisión preventiva después de una audiencia realizada en Pacho Viejo. Posteriormente se cumplimentó una tercera orden de aprehensión contra Jese Miguel “N”, investigado por los delitos de fraude y fraude procesal. Durante su audiencia inicial también se determinó prisión preventiva justificada por un año y se estableció el 14 de septiembre como fecha para dar continuidad al proceso. Los agraviados sostienen que el alcance de la presunta estructura podría ser mayor y hablan de al menos 150 casos documentados durante los últimos ocho años, principalmente en Xalapa, Coatepec, Alto Lucero, Actopan, Rafael Lucio, Jilotepec, Banderilla, Tlalnelhuayocan y Córdoba. Antonio Selem, uno de los representantes de los afectados, afirmó que Miguel Isaac “N” aparece relacionado con más de 50 expedientes, ya sea como representante legal, demandante, tenedor de pagarés o presunto beneficiario final de inmuebles. Por lo anterior, las víctimas piden que las investigaciones no terminen únicamente con los abogados que ya fueron detenidos y exigen determinar si existieron responsabilidades de funcionarios públicos, actuarios, peritos, jueces y notarios que hubieran intervenido en los procedimientos cuestionados. Como parte de las indagatorias, las autoridades ministeriales realizaron tres cateos en Xalapa. Durante esas diligencias fueron asegurados vehículos, mobiliario, expedientes civiles, escrituras notariales, identificaciones y equipos de cómputo. En este marco, el pasado 7 de septiembre, habitantes se manifestaron en el fraccionamiento Monte Magno, donde hicieron público el nombre y rostro de Roly Domínguez Romero. Ricardo Rojas, uno de los inconformes, indicó que desde diciembre de 2025 existe una denuncia presentada ante la Fiscalía y cuestionó que, pese a las pruebas entregadas, las investigaciones no hayan avanzado como esperaban. Los manifestantes aseguraron que al menos una decena de personas enfrenta situaciones semejantes y que entre los bienes involucrados se encuentran ranchos, fincas, casas y residencias. Por último, los afectados solicitaron una revisión de los expedientes civiles en los que se hayan autorizado adjudicaciones inmobiliarias, con el propósito de establecer si hubo irregularidades y determinar responsabilidades en aquellos casos donde propiedades pudieron haber sido transferidas mediante procedimientos presuntamente ilegales.
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