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| El seguro de vida a servidores públicos sobrevivió a la austeridad: nuevo contrato alcanza techo de 13 mil 335 mdp. | ||||||
| Una excepción en la Ley de Austeridad permite que se sigan pagando seguros de vida de 40 meses de salario para más de 850 mil servidores públicos. Es el contrato con el monto máximo más alto registrado en Compras MX para 2026. | ||||||
| Lunes 07 de Septiembre de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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El pasado mes de marzo, la Secretaría de Hacienda adjudicó a Seguros Banorte un contrato plurianual de hasta 13 mil millones de pesos por un seguro de vida institucional que cubre a 853 mil 817 servidores públicos de trabajadores de 206 dependencias del gobierno federal entre abril de 2026 y marzo de 2029. El gasto en el Seguro de Vida Institucional, que ha aumentado durante los últimos años, ha sido posible debido a que el artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana —publicada en 2019 y reformada en 2025— no estableció una prohibición absoluta. La norma cancela la posibilidad de contratar con recursos públicos “seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones” únicamente cuando se otorguen “en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, Condiciones Generales de Trabajo o contratos colectivos de trabajo”. Esta excepción legal permitió que el Seguro de Vida Institucional se mantuviera durante la administración de Lópéz Obrador y el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, que adjudicó a Seguros Banorte un contrato abierto establece por un monto mínimo de 5 mil 334 millones de pesos y un máximo de 13 mil 335.6 millones. El instrumento compromete al Estado a reservar recursos durante tres años para sostener una prestación que sobrevivió a la política de austeridad impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, la magnitud de esta bolsa sitúa a este procedimiento en el primer lugar del presupuesto federal del año en curso: es el contrato con el monto máximo más alto registrado en la plataforma Compras MX para 2026. No obstante, es preciso aclarar que la cifra de 13 mil 335.6 millones de pesos representa un techo presupuestal estipulado y no un gasto ya erogado o pagado a la aseguradora. Debido a la naturaleza de los contratos abiertos, el desembolso final variará en función de las necesidades reales de cobertura durante los próximos tres años, aunque el Estado ya se encuentra legalmente obligado a ejercer, por lo menos, el piso garantizado de 5 mil 334 millones. Una prohibición con excepciones En febrero de 2024, la entonces secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, afirmó durante una conferencia matutina: “…también se prohíben los seguros de vida privados y gastos superfluos”. La frase, dicha en el contexto de la presentación de las iniciativas constitucionales enviadas por López Obrador, podía entenderse como el anuncio de una prohibición general. Sin embargo, el texto jurídico era considerablemente más acotado: la restricción se dirigía a los seguros no previstos por una ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Esa excepción explica por qué el Seguro de Vida Institucional no sólo no desapareció, sino que ha aumentado en los últimos años. Como el contrato comienza en abril de 2026 y termina en marzo de 2029, el presupuesto se reparte en cuatro ejercicios. El gobierno deberá gastar al menos el monto mínimo, mientras que el máximo representa el límite que podría alcanzar el contrato. Asimismo, mientras que en 2018 se reportaron aproximadamente 771 mil 711 asegurados y primas por 2 mil 26 millones de pesos. Para 2019, primer año completo del nuevo gobierno, el gasto fue de alrededor de mil 874 millones para 786 mil 79 personas. La erogación estimada para 2025 alcanzó 3 mil 44 millones de pesos, con 853 mil 817 asegurados. Frente a 2019, la prima básica aumentó alrededor de 62% en términos nominales, mientras la población asegurada creció cerca de 9%. Cobertura del Seguro de Vida Institucional La Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada en 2019 durante el sexenio de López Obrador, no prohíbe todos los seguros de vida financiados con recursos públicos. Su artículo 22 dispone que no podrán contratarse seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones cuando se otorguen “en contravención” de un decreto, una disposición general, las condiciones generales de trabajo o los contratos colectivos. Esto implica que los seguros respaldados por alguno de esos instrumentos pueden seguir contratándose legalmente. “Queda prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de […] seguros de vida o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, Condiciones Generales de Trabajo o contratos colectivos de trabajo” señala el artículo 22 de esta Ley. La cobertura básica equivale a 40 meses de percepción ordinaria bruta mensual. La prima es pagada por la dependencia o entidad en la que se encuentra adscrito el trabajador. Además, el servidor público puede aumentar voluntariamente la suma asegurada en 34, 51 o 68 meses adicionales, en cuyo caso el costo ordinario del incremento se descuenta de su salario. Por tanto, el contrato con Banorte no viola la Ley de Austeridad, ya que la norma dejó abierta una vía para conservar la prestación y el Manual de Percepciones la reconoce expresamente. Sin embargo, mientras que la comunicación gubernamental habló de prohibir “los seguros de vida privados”, la política pública mantuvo un seguro contratado con compañías aseguradoras privadas y pagado con presupuesto público. Alcance desigual Para 2025, se estimó una población de 853 mil 817 asegurados únicamente en la cobertura básica. Mientras que el contrato consolidado para 2026-2029 reúne a 206 instituciones: 24 dependencias, 68 órganos administrativos desconcentrados, 113 entidades y un organismo constitucional autónomo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Entre las personas aseguradas se encuentran trabajadores de secretarías de Estado y de organismos públicos de muy distinta naturaleza y nivel salarial. Sin embargo, eso no elimina el componente de desigualdad. Aunque todos los trabajadores cuentan con una cobertura básica equivalente a 40 meses de su percepción ordinaria bruta, el valor económico del seguro varía considerablemente según su salario. Para una persona que gana 15 mil pesos mensuales, la suma asegurada sería de aproximadamente 600 mil pesos; para otra con una percepción de 50 mil pesos alcanzaría 2 millones y para un alto funcionario que recibe 100 mil pesos, ascendería a 4 millones. Así, una prestación aparentemente uniforme produce coberturas muy desiguales: el número de meses es el mismo para todos, pero la indemnización aumenta proporcionalmente con el ingreso del servidor público. Coberturas reforzadas para actividades de riesgo Además de la cobertura básica, los expedientes registran una “potenciación por riesgo” que puede sumar 34, 51 ó 68 meses de salario a la protección institucional. A diferencia de la potenciación voluntaria ordinaria, cuyo costo paga el trabajador, esta modalidad puede financiarse con recursos de la institución cuando las funciones desempeñadas entrañan riesgos especiales. En los antecedentes de la contratación aparecen instituciones relacionadas con seguridad pública, persecución de delitos y tareas operativas, como la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Servicio de Protección Federal y áreas de prevención y reinserción social. Para 2025 se estimaron 30 mil 753 personas con potenciación por riesgo, con primas por alrededor de 606.3 millones de pesos. La población final de esta potenciación incluye policías, custodios, investigadores y elementos que realizan tareas peligrosas enfrentan una probabilidad de fallecimiento o incapacidad distinta a la del personal administrativo. |
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