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| DeclaraNet, PNT y 3 de 3: las plataformas que presume el gobierno, pero no frenan la opacidad. | ||||||
| En México existen distintas herramientas que permiten conocer, consultar y contrastar información relacionada con quienes ejercen recursos públicos desde el gobierno | ||||||
| Sbado 05 de Septiembre de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Entre ellas destacan DeclaraNet, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y el esquema conocido como 3 de 3. Aunque las tres están relacionadas con la rendición de cuentas, cumplen funciones diferentes y, utilizadas de manera conjunta, pueden ofrecer una visión mucho más amplia sobre la actuación de un funcionario. Estilo y vida Atrae colibríes a tu patio: 7 plantas perfectas para espacios pequeños La diferencia es fundamental: una cosa es declarar, otra hacer pública la información y una más comprobar que lo declarado corresponde con la realidad. DeclaraNet: el punto de partida DeclaraNet constituye una de las principales herramientas para conocer la situación patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas obligadas a presentar declaraciones. A través de este mecanismo se registran las declaraciones correspondientes al ingreso al servicio público, la actualización periódica y la conclusión del encargo, según corresponda. La información puede incluir elementos relacionados con ingresos, bienes, inversiones, adeudos, actividades profesionales y posibles conflictos de interés. DeclaraNet, PNT y 3 de 3: las plataformas que presume el gobierno, pero no frenan la opacidad Para efectos de transparencia, sin embargo, es necesario distinguir entre la declaración presentada por el funcionario y la versión pública que puede ser consultada por la ciudadanía. No toda la información contenida en una declaración puede difundirse, debido a las disposiciones de protección de datos personales. Por ello, consultar DeclaraNet permite responder una primera pregunta: ¿el servidor público cumplió con presentar su declaración y qué información hizo pública? Pero la herramienta, por sí sola, no necesariamente responde otra pregunta más delicada: ¿todo lo declarado es correcto y corresponde con su evolución patrimonial? Transparencia La Plataforma Nacional de Transparencia funciona bajo una lógica diferente. Mientras DeclaraNet concentra información relacionada con las declaraciones de los servidores públicos, la PNT permite a ciudadanos, periodistas, investigadores y organizaciones consultar información pública y presentar solicitudes de acceso a la información. Si una declaración patrimonial genera dudas o plantea un posible conflicto de interés, la PNT puede convertirse en una vía para buscar información adicional: contratos, remuneraciones, gastos, adquisiciones, viáticos, estructuras administrativas y otros documentos públicos que permitan reconstruir una determinada circunstancia. La PNT no necesariamente dice si un funcionario mintió en su declaración. Su valor está en proporcionar documentos y datos oficiales que pueden servir para contrastar lo declarado. 3 de 3: más allá de la obligación El denominado 3 de 3 tiene una naturaleza distinta. Se trata de un ejercicio de transparencia que busca que funcionarios o candidatos hagan públicas tres declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal. Su relevancia radica precisamente en que plantea un estándar de apertura mayor al de simplemente cumplir con una obligación administrativa. La declaración patrimonial permite conocer información sobre bienes e ingresos; la de intereses busca identificar posibles relaciones o actividades que puedan generar conflictos; mientras que la declaración fiscal incorpora información relacionada con el cumplimiento tributario. En el terreno político, presentar un 3 de 3 también puede convertirse en una señal pública de compromiso con la rendición de cuentas. Pero nuevamente existe una diferencia: hacer pública una declaración no significa automáticamente que toda la información haya sido sometida a una auditoría exhaustiva. Escrutinio ciudadano Diego García Ricci, experto en temas de transparencia, apuntó que el que los funcionarios presenten su declaración patrimonial permite el escrutinio ciudadano. Es decir, que las personas sepan quiénes son los servidores públicos, cuál ha sido su trayectoria y, de alguna manera, también ubicar cuál es el monto de aproximadamente su patrimonio. “De modo que cuando una persona se desempeña como servidor público no se aproveche de su cargo para enriquecerse, porque es un cargo que le confiere la ciudadanía”, señaló García Ricci, abogado y procurador de Derechos Universitarios de la Universidad Iberoamericana. El académico de la IBERO destacó que algo muy importante a considerar es que tener dinero no es un delito. Si una persona viene de una familia acomodada, si su familia goza de ciertas comodidades que otras no la tienen, eso no impide que pueda ser un funcionario público, advirtió. “El problema es no declararlo. Y muchas veces lo que se ha venido construyendo en los últimos años es la narrativa de que cualquier incremento de vida que no sea tan austera, tan republicana, como lo ha llamado este gobierno, pues hace que alce la ciudadanía a la crítica”, manifestó. México apostó a contar con un sistema que le dé publicidad a ciertos aspectos relacionados con el patrimonio de los servicios públicos para que, precisamente, sean la ciudadanía la que haga ese escrutinio, sostuvo. Señaló que el sistema se construyó de modo que cuando una persona ingrese a un cargo público, declare el monto de su patrimonio, y eso supone una intromisión a su privacidad, porque tiene que hacer públicas sus propiedades. Sin embargo, anotó que es la manera que la ciudadanía puede hacer un escrutinio sobre si corresponde lo que públicamente detentan estos servidores públicos con lo declarado. “Cuando vemos que existe una discrepancia, las leyes de responsabilidades administrativas de servidores públicos son las que deben conocer de ese asunto. Ya la ciudadanía no lo puede hacer porque no puede establecer una sanción administrativa”, anotó García Ricci. Para eso se necesita el aparato de gobierno, las contralorías, para determinar si, efectivamente, empiezan a haber discrepancias, expuso el académico. “Y ahí es donde se corta el listón, porque por un lado la ciudadanía observa un incremento desmedido que no corresponde a los ingresos del cargo y no vemos las investigaciones hechas por parte de las contralorías de los estados o de la Federación”, abundó. ¿Y si las instituciones incumplen? García Ricci comentó que, por ley, las instituciones de transparencia, tanto federal con en los estados, están obligadas a hacer público la declaración patrimonial de los servidores públicos. Pero, ¿Qué pasa cuando no cumplen? Se vuelve un poco complicado ejercer esta vigilancia ciudadana de rendición de cuentas, porque el insumo principal es la información, manifestó el experto. Cuando se interrumpe, empiezan a crearse instituciones opacas, poco transparentes y surgen muchas especulaciones, puntualizó . |
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