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XALAPA.- Como parte de la reparación del daño por las violaciones cometidas en contra de la mujer indígena náhuatl, la familia de Ernestina Ascencio Rosario busca que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabece personalmente el acto público de reconocimiento y disculpa ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Carmen Herrera García, integrante de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos y representante de la familia, señaló que este es uno de los puntos que aún se encuentran en discusión con el Gobierno federal. Explicó que desde abril se han realizado reuniones entre los representantes de las víctimas y las autoridades responsables de cumplir la sentencia emitida por la Corte IDH. “Una en la que no hemos tenido todavía acuerdo, que nos parece fundamental, es que la disculpa pública la dé la presidenta de la República”, refirió. De acuerdo con la representante legal, las autoridades federales han señalado que no es habitual que la persona titular del Ejecutivo federal participe directamente en este tipo de actos. Sin embargo, señaló que la familia considera que las circunstancias del caso justifican la petición, particularmente por la intervención que tuvo el entonces presidente Felipe Calderón durante las investigaciones sobre la muerte de Ernestina Ascencio. “Nos dicen que eso no es lo usual, pero respondimos diciendo que no es lo usual que sea el presidente de la República quien obstruya la justicia”, manifestó Herrera García durante una actividad realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. La abogada indicó que diciembre será una fecha importante para conocer los avances, pues el Estado mexicano deberá presentar un informe sobre el cumplimiento de las medidas ordenadas por el organismo internacional. Ernestina Ascencio Rosario, una mujer náhuatl de 73 años, fue localizada gravemente herida el 25 de febrero de 2007 cerca de un campamento militar en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa. Falleció un día después en el Hospital Regional de Río Blanco. La Corte Interamericana determinó posteriormente la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a sus derechos y a los de su familia, además de ordenar una investigación para esclarecer los hechos, atención médica y psicológica para sus hijos, apoyos educativos y un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Actualmente, representantes de la familia y autoridades federales trabajan en la definición de las medidas de reparación, un proceso en el que las víctimas buscan tener participación directa. El caso, que permaneció en litigio durante casi dos décadas, se encuentra ahora en una nueva etapa: lograr que las resoluciones internacionales se traduzcan en justicia, reparación y un reconocimiento público para Ernestina Ascencio y su familia.
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