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XALAPA.- Con base en datos de Leticia Aguilar Jiménez, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), algunas de las inhabilitaciones impuestas por este organismo todavÃa no son firmes, debido a que los servidores y exservidores públicos sancionados han recurrido a juicios de amparo. Refirió que incluso existen procedimientos relacionados con la administración de Javier Duarte de Ochoa que fueron resueltos desde 2023, pero cuyos amparos comenzaron a notificarse hasta 2026. En ese tenor, la magistrada explicó que una sanción administrativa es independiente de una posible responsabilidad penal. Un mismo caso puede ser remitido por el ORFIS tanto a la FiscalÃa para investigar un posible delito como al TRIJAEV para determinar responsabilidades administrativas. Dijo que entre los asuntos resueltos recientemente mencionó uno relacionado con una Comisión Municipal de Agua, correspondiente al periodo 2017-2018, en el que se impuso una inhabilitación de 10 años. Aguilar Jiménez explicó que para las faltas administrativas graves la ley establece inhabilitaciones de entre 10 y 20 años, por lo que los 10 años representan la sanción mÃnima. La magistrada también señaló que existen procedimientos con sanciones económicas que van de 3 hasta 100 millones de pesos, aunque evitó precisar un monto global. Algunos de estos expedientes corresponden a cuentas públicas de 2015, 2016 y 2017. Cuando los amparos son negados y las sanciones económicas quedan firmes, los montos pueden convertirse en créditos fiscales para su cobro. En esta etapa intervienen autoridades como la ContralorÃa y la SecretarÃa de Finanzas y Planeación (Sefiplan), ya que la recuperación de los recursos deja de corresponder directamente al Tribunal. Por otra parte, refirió que el TRIJAEV también atendió demandas de ciudadanos contra multas de tránsito y cobros de grúas y corralones. La presidenta afirmó que durante 2026 estos procedimientos han disminuido respecto de años anteriores. Concluyó que el Tribunal cuenta además con salas regionales para recibir demandas de ciudadanos de distintas zonas del estado, por lo que no es necesario que todos los promoventes se trasladen hasta Xalapa.
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