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XALAPA.- Vaya caso, al más puro estilo de los grupos delictivos, ex trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) denunciaron haber recibido mensajes intimidatorios previo a la movilización convocada para este miércoles. En la protesta, los ex empleados pretenderían exigir el pago de salarios pendientes y denunciar presuntos abusos dentro del área de Ganadería. De acuerdo con testimonios que se difundieron en redes sociales, varios de los ex empleados habrían recibido mensajes desde números desconocidos en los que se les advierte que no acudan a la toma de las instalaciones de la dependencia, bajo la amenaza de posibles represalias. Uno de los mensajes exhibidos señala: “Por ser ex trabajador de la dirección de Ganadería, te mandamos el siguiente mensaje para que no asistas a la toma de la Secretaría, habrá represalias tenemos tu dirección y otros datos en los contratos…” El mensaje habría sido enviado desde un número que no se encuentra registrado entre los contactos del receptor. Hasta el momento se desconoce quién está detrás de esas comunicaciones. “A varios compañeros nos llegaron mensajes intimidatorios de que si asistimos mañana habrá represalias. Tenemos miedo que ese señor, con su abuso de autoridad y poder, atente en contra de nosotros”, dijo uno de los afectados al hacer pública la situación. La denuncia ocurre días después de que un grupo de ex trabajadores de Sedarpa acusó de manera pública al subsecretario Carlos Manuel Jiménez Díaz, “El Potrillo”, de presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad, nepotismo y despidos injustificados. Los inconformes sostienen que más de 20 familias habrían resultado afectadas y que, tras la salida del anterior director del área, más de 30 personas habrían sido dadas de baja. Los denunciantes también señalaron que algunos trabajadores laboraron durante julio sin recibir el pago correspondiente y afirman contar con documentos, mensajes, nombramientos, comprobantes y testimonios para sustentar los señalamientos que han realizado. La movilización fue convocada este miércoles 2 de septiembre, a las 9:00 horas, en las oficinas de Sedarpa, donde trabajadores y ex trabajadores pretenderían exigir el pago de salarios y prestaciones, así como una investigación sobre las presuntas irregularidades y la salida de Jiménez Díaz de la Subsecretaría. El reclamo también ha sido dirigido al titular de Sedarpa, Rodrigo Calderón Salas. Ahora, ante los mensajes recibidos, los inconformes aseguran que el conflicto laboral ha escalado a un escenario de intimidación y manifiestan temor por su seguridad y la de sus familias. Los afectados señalaron que harán responsables a quienes resulten involucrados en caso de cualquier agresión y pidieron que las autoridades correspondientes garanticen su derecho a manifestarse sin amenazas ni represalias. Luego de estas protestas, la gobernadora Rocío Nahle ordenó el nombramiento de un nuevo director de Ganadería cuyo cargo a partir de este martes 1 de septiembre recae en el médico veterinario zootecnista Marco Antonio Macdonald Landa. La dirección de Ganadería estaba a cargo de Rubén Rueda Rodríguez, quien renunció al cargo a mediados de junio de este año, por lo que esa área estaba acéfala desde hace 1 mes y medio. Se entiende que había un encargado para despachar los temas pendientes y los asuntos que se generaban diariamente. Quien sonaba muy fuerte para la dirección de Ganadería era Tomás Martínez Herrera, integrante del grupo político Unidos Todos y afín al diputado federal de Morena, Eleazar Guerrero. Pero de último momento, se le cayó el nombramiento a Martínez Herrera acaso porque su “padrino” no goza de todas las simpatías de la gobernadora. Ha trascendido que en esa dirección de Ganadería desde siempre se han quejado los ganaderos de ser víctimas de extorsión de parte de los funcionarios de esa área. Eso ha ocurrido desde hace años y lamentablemente persisten esas malas prácticas. Además, afirman que los puntos de inspección están en el olvido, no se les ha dado mantenimiento, algunos se encuentran sin agua potable y peor aún, otros carecen de autorización para operar. O sea que, estos últimos puntos, al ser “piratas” se prestan a la innegable corrupción y operan como una “caja chica” además de contar con la venta ilegal de aretes para seguir introduciendo ganado robado o que ingresa de manera irregular desde Guatemala.
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