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XALAPA.- De acuerdo con el abogado penalista Jorge Reyes Peralta, una presunta red integrada por funcionarios públicos, jueces, notarios, peritos, abogados, actuarios y personal del Registro Público de la Propiedad estaría operando en Veracruz para facilitar el despojo de terrenos de alto valor, mediante juicios y operaciones inmobiliarias que aparentarían ser legales. El litigante aseguró que existen distintos grupos que recurren a este mecanismo para apropiarse de propiedades y posteriormente colocarlas en el mercado, aprovechando procedimientos judiciales, trámites notariales y registros oficiales. Como ejemplo señaló el litigio que mantiene la empresa Fincar Maz S.A. de C.V. por un terreno de aproximadamente 12 hectáreas ubicado en la zona de Arco Sur, en Xalapa, cuyo valor actual, estimó, supera los 500 millones de pesos. De acuerdo con Reyes Peralta, el conflicto se originó luego de que Martha Leticia Toral Zayas promoviera un juicio de prescripción sobre el inmueble, procedimiento que, sostuvo, se habría realizado sin notificar a la empresa propietaria. Aunque en primera instancia se emitió una sentencia favorable a Toral Zayas, el abogado aclaró que dicha resolución fue impugnada y permanece pendiente de una determinación definitiva. Pese a ello, afirmó que una copia certificada de la sentencia fue presentada ante el notario Miguel Ángel Díaz Pedroza para su protocolización, como si la persona promovente ya tuviera acreditada la propiedad del terreno. Según la acusación, ese mismo día se concretó una compraventa por 98 millones de pesos a favor de dos compradores. El litigante cuestionó además la forma en que quedó documentada la operación, pues aseguró que en las escrituras no aparecen los registros de contribuyentes de los adquirentes y únicamente se habría señalado que el pago se efectuó mediante un cheque. Estos hechos, sostuvo, podrían configurar delitos como fraude genérico, fraude procesal y delitos contra la fe pública, por lo que fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado. Tras casi tres años de seguimiento, la carpeta de investigación fue parcialmente judicializada y actualmente enfrentan un proceso Martha Leticia Toral Zayas y el notario Miguel Ángel Díaz Pedroza por fraude genérico y contra la fe pública. La audiencia inicial fue fijada para este martes a las 9:37 horas. Reyes Peralta advirtió que la ausencia injustificada de los imputados podría generar consecuencias legales, incluida la posibilidad de que sean considerados sustraídos de la acción de la justicia. Sin embargo, el abogado insistió en que el procedimiento no debe limitarse a esas dos personas: “Falta que judicialicen a los demás, faltan los compradores”, sostuvo, tras indicar que genera dudas que los adquirentes no hayan tomado posesión del predio pese a la transacción de 98 millones de pesos. El terreno supera actualmente los 500 millones de pesos al cotizarse el metro cuadrado por encima de los 5 mil pesos en Arco Sur. Reyes Peralta recordó además que existió un intento previo de venta por 200 millones de pesos a una inmobiliaria, operación frenada luego de que la fiscalía notificó al Registro Público de la Propiedad. A partir de este caso, el penalista amplió sus señalamientos y sostuvo que el llamado “cártel inmobiliario” no corresponde a una sola organización, sino a distintos grupos que operan bajo el mismo esquema en Veracruz: Identificación: ubicación de inmuebles deshabitados o con vulnerabilidad jurídica. Judicialización: inicio de procedimientos judiciales para obtener la adjudicación sin notificar a los dueños legítimos. Formalización: uso de notarías y del Registro Público para validar las escrituras. En estos procesos, acusó Reyes Peralta, podrían intervenir personal del Registro Público de la Propiedad, integrantes del Colegio de Notarios, juzgados y salas civiles del Tribunal Superior de Justicia, además de peritos, abogados y actuarios. “Se venden al mejor postor”, acusó, señalando que el atractivo económico convirtió estas operaciones en un negocio millonario posibilitado por quienes facilitan o permiten la validación de los actos. No obstante, reconoció la actuación reciente de la Fiscalía General del Estado en este expediente, destacando el avance al llevar parte de la investigación ante los tribunales: “Así como señalo cuando la autoridad no hace su trabajo, en este caso la Fiscalía General del Estado está haciendo su trabajo”, aseguró. En ese sentido, afirmó que corresponderá a las autoridades judiciales determinar si existen elementos suficientes para acreditar los delitos y establecer las responsabilidades individuales de los involucrados.
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