De Veracruz al mundo
Antes de la mortandad de peces de junio del 2026, la alcoholera de Nopaltepec ya tenía antecedentes de inspecciones, clausura y sanción económica de la Profepa .
Profepa reportó un expediente identificado con terminación de 2017, mientras que Conagua confirmó un procedimiento iniciado tras una inspección de 2019 que concluyó con una sanción económica.
Viernes 28 de Agosto de 2026
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- De acuerdo con información entregada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mediante solicitudes de transparencia, antes de la mortandad de peces registrada en junio de 2026 en el río Limón y otros cuerpos de agua de la Cuenca del Papaloapan, el Complejo Agroindustrial de Santander, conocido como la alcoholera de Nopaltepec, ya tenía antecedentes de inspecciones, procedimientos administrativos y una sanción económica por parte de autoridades ambientales. En ese sentido, Profepa reportó un expediente identificado con terminación de 2017, mientras que Conagua confirmó un procedimiento iniciado tras una inspección de 2019 que concluyó con una sanción económica. Estos antecedentes existían antes de la emergencia ambiental de junio de 2026, cuando pescadores reportaron una mortandad masiva de peces y señalaron posibles descargas contaminantes provenientes de la zona de Nopaltepec. La contingencia paralizó actividades pesqueras en distintos puntos de la cuenca. Al respecto, Juan Gabriel Cano Martínez, integrante de la cooperativa El Torno del Río Limón, estimó que alrededor de 2 mil personas dependientes de la pesca resultaron afectadas entre la laguna La Miel y Alvarado. Los pescadores reportaron la muerte de especies como robalo, tilapia, chucumite, curvina, camarón y jaiba. Las inspecciones realizadas después de la mortandad derivaron en nuevas medidas contra la empresa. Profepa detectó descargas de agua residual conocida como vinaza directamente sobre suelo natural, mientras que Conagua posteriormente suspendió permisos de descarga y aplicó sanciones económicas por irregularidades administrativas e incumplimientos técnicos. Hasta agosto, Conagua precisó que no podía establecer que las actividades de la alcoholera hubieran provocado directamente la mortandad. Sin embargo, informó que los análisis encontraron una relación entre componentes presentes en depósitos de la empresa y los detectados en canales y lagunas de la zona, capaces de generar condiciones de falta de oxígeno que representan un riesgo para peces y otros organismos. Con base en una investigación del portal AVC Noticias, entre los antecedentes proporcionados vía transparencia se encuentra el expediente PFPA/36.2/2C.27.1/0110-17, radicado en la representación de Profepa en Veracruz. En julio de 2026, la dependencia informó que dicho expediente se encontraba abierto y en trámite. La información entregada no permite conocer públicamente el contenido completo de las inspecciones, posibles irregularidades documentadas o medidas derivadas del expediente, debido a que Profepa determinó reservarlo. De acuerdo con Conagua, el Complejo Agroindustrial de Santander cuenta con el título de concesión 10VER159947/28IADA18, registrado el 8 de mayo de 2018. El título contempla el aprovechamiento de hasta 472 mil 860.79 metros cúbicos anuales de agua superficial en la cuenca del Papaloapan. También cuenta con autorización para descargar hasta 448 metros cúbicos diarios de aguas residuales. Conagua confirmó la existencia del expediente VI/GC/VER/2019/00018, derivado del acta de visita PNI-2019-GOC-018. A diferencia de otros procedimientos que permanecen abiertos, este expediente sí concluyó y derivó en una sanción económica contra la empresa. La dependencia confirmó ese antecedente en agosto de 2026, como parte de la información solicitada. A mediados de junio, habitantes y pescadores de comunidades de la Cuenca del Papaloapan comenzaron a denunciar una mortandad masiva de peces en ríos, lagunas y arroyos. Los primeros reportes señalaban como una de las hipótesis posibles descargas de vinaza procedentes de la alcoholera de Nopaltepec, aunque los propios pescadores solicitaron análisis oficiales para establecer el origen de la contaminación y deslindar responsabilidades. El 18 de junio, Profepa y Conagua realizaron una visita a la empresa. En esa primera inspección, Profepa informó que no encontró evidencias de descargas de aguas residuales ni actividad productiva en ese momento. Conagua tomó muestras tanto dentro de las instalaciones como en diferentes puntos del río. Profepa señaló además que durante esa visita verificó el cumplimiento de medidas correctivas derivadas de un procedimiento administrativo resuelto años antes. La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente inició trabajos en la zona desde el 17 de junio. Los días 19 y 20 realizó inspecciones, estableció medidas de seguridad y suspendió actividades con el propósito de prevenir nuevas afectaciones mientras continuaban los estudios. La PMA también georreferenció puntos de descarga ubicados en áreas exteriores al predio de la empresa para incorporarlos a los muestreos y análisis técnicos. El 20 de junio, Profepa inició una nueva visita de inspección y encontró condiciones diferentes a las reportadas dos días antes. Los inspectores observaron un tubo que transportaba agua residual de la alcoholera, conocida como vinaza, hacia un predio contiguo que colinda con un arroyo. Profepa documentó que la descarga se realizaba directamente sobre suelo natural. También encontró una acumulación de una sustancia color café oscuro y de olor fétido en canaletas dentro de las instalaciones, donde había una gran cantidad de insectos muertos. La empresa contaba con un permiso vigente hasta 2028 para descargar sus aguas en campos de caña ubicados en el predio adyacente. Un día después, Profepa impuso una clausura total temporal de las actividades relacionadas con las descargas de aguas residuales. La dependencia argumentó la existencia de un riesgo inminente de desequilibrio ecológico por la sustancia derramada de manera descontrolada en el terreno contiguo. También ordenó a la empresa caracterizar y limpiar el predio donde descargaba sus aguas residuales. Profepa advirtió que las descargas directamente sobre suelo natural podían generar consecuencias negativas para el ambiente. Conagua anunció entonces un nuevo muestreo en el arroyo localizado junto a la empresa para determinar si sus aguas residuales habían alcanzado ese cauce, que desemboca en el río Limón. Días después de la clausura, pescadores de Ignacio de la Llave reclamaron el saneamiento de los cuerpos de agua afectados. En respuesta al oficio PFPA/1.3/12C.6/1894/2026, Profepa informó vía transparencia que mantenía dos procedimientos administrativos relacionados con la empresa. El primero es PFPA/36.2/2C.27.1/0110-17 y el segundo PFPA/3.2/3S.1/00081-26. La dependencia informó que ambos estaban abiertos y en trámite. Sin embargo, el Comité de Transparencia determinó reservar los expedientes mediante la Resolución 068/26. Con ello quedaron restringidos documentos como actas de inspección, análisis técnicos de laboratorio, medidas administrativas y otra información generada durante los procedimientos. Conagua también restringió información sobre procedimientos relacionados con el Complejo Agroindustrial de Santander. Mediante la resolución AC/CT-CONAGUA-0500/2026, del 4 de agosto, su Comité de Transparencia clasificó información argumentando, entre otros elementos, la protección de derechos relacionados con el honor y la reputación de la persona moral. Dos días después, en la respuesta al folio 340009400144426, la dependencia confirmó el antecedente del procedimiento de 2019 que terminó con una sanción económica. La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente también confirmó mediante transparencia que existen denuncias en sus archivos relacionadas con la muerte de fauna acuática y los señalamientos contra la alcoholera. En el oficio PMA/DJ/OF-243/2026, fechado el 10 de agosto, la dependencia informó que las actuaciones permanecían en trámite, análisis y sustanciación. En agosto, Conagua informó que suspendió los permisos de descarga de aguas residuales de la alcoholera y aplicó sanciones económicas después de detectar faltas administrativas e incumplimientos técnicos en las autorizaciones de la empresa. Los análisis realizados durante la emergencia encontraron relación entre componentes presentes en depósitos de la alcoholera y los encontrados posteriormente en canales y lagunas. Según Conagua, esos componentes pueden generar condiciones de disminución de oxígeno en el sistema lagunar, lo que representa un riesgo para peces y otros organismos. La dependencia precisó que esos resultados no permiten afirmar que la empresa haya sido directamente responsable de la mortandad registrada en junio. Sin embargo, como consecuencia de las medidas administrativas, la alcoholera quedó impedida para realizar nuevas descargas de vinaza en predios agrícolas o cuerpos de agua mientras continúen vigentes las disposiciones impuestas por Conagua. Así las cosas.

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