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XALAPA.- Durante su participación en el Primer Encuentro Estatal de Mujeres Trans, la activista Oyuki Martínez Dení, coordinadora de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans de la CDMX, y la abogada Yéssica Marjean Durán, fundadora de la Red de Juventudes Trans México, afirmaron que la salud integral para las poblaciones trans no puede entenderse únicamente desde la atención médica, la prevención del VIH o los tratamientos de reemplazo hormonal, ya que la verdadera salud implica el acceso efectivo a la justicia, la educación, el trabajo digno y una vida libre de varios tipos de violencia. Al abordar los retos estructurales que enfrenta esta población, Martínez Dení dijo que una de las mayores barreras institucionales es el desconocimiento de los marcos normativos por parte de las autoridades, aunado a la falta de consulta directa con las comunidades afectadas al momento de diseñar políticas públicas. “La salud integral es aquella donde se garantice el acceso a todos los derechos: trabajo, educación, justicia y salud como pilares fundamentales. Si no escuchamos las voces de las personas trans, la política pública se crea con sesgos catastróficos que no responden a las necesidades reales”, aseguró. Por su parte, Yessica Marjean Durán abordó los obstáculos que frenan la denuncia de agresiones y actos de discriminación, destacando cómo la desconfianza hacia las instituciones limita el ejercicio del derecho a la justicia. “Las experiencias también se traducen en capacidad de agencia, (que es) todo aquello de lo que podemos apropiarnos nosotras como mujeres trans cuando decimos justicia. Y justicia no solamente es la que gritamos en las calles cuando estamos frente a actos de discriminación, crímenes de odio u omisiones legislativas y administrativas”. Ante los representantes institucionales reunidos en el foro, las especialistas subrayaron que la apertura al diálogo resulta insuficiente si no va acompañada de voluntad política para desmantelar la discriminación sistemática que aún persiste en el estado. Por otra parte, Aruna Rafaela Pulido Cano, abogada y asesora jurídica del Congreso del Estado, denunció que registros civiles de algunos municipios hacen cobros indebidos en trámites relacionados con el reconocimiento de la identidad de género, pese a los avances legales en la entidad. La activista afirmó que persisten diferencias municipales en el acceso a derechos y la aplicación de las disposiciones vigentes. “Hay ayuntamientos en los que hoy en día, aun cuando tenemos la ley de identidad de género autopercibida (…) los registros civiles siguen haciendo un cobro indebido”, sostuvo. Por lo anterior, consideró necesario documentar estos casos y elaborar planteamientos para presentarlos ante las autoridades estatales. “Somos personas que lo único que queremos es ser escuchadas y, a partir de ahí, poder seguir trabajando con todas las disidencias”, sostuvo. Alrededor de 50 mujeres trans de varios municipios participaron en el encuentro para compartir las condiciones que enfrentan en sus comunidades con el fin de comenzar a construir una agenda común. Entre las asistentes hubo procedentes de Minatitlán, Tlacotalpan, Martínez de la Torre, Alvarado y Lerdo de Tejada. “El motivo es poder encontrarnos, poder construir una nueva narrativa desde las disidencias y desde los sentires de cada una de nosotras”, expresó. La activista explicó que las necesidades no pueden generalizarse, ya que las condiciones sociales, económicas e institucionales cambian según el municipio. Entre las principales problemáticas destacó los obstáculos en los trámites de identidad, la violencia, la discriminación y la falta de oportunidades laborales. Pulido Cano refirió que la identidad de género no es el único factor que puede colocar a una persona en condiciones de vulnerabilidad, pues existen mujeres trans indígenas, afromexicanas, migrantes o con discapacidad que enfrentan mayores obstáculos. “Recordemos que ser mujer trans no es nuestra única interseccionalidad”, sostuvo. También reconoció que no todas cuentan con los recursos necesarios para trasladarse, pagar hospedaje o participar en encuentros estatales. “Nosotras somos mujeres privilegiadas, tenemos la oportunidad de viajar, de venir, de estar en un espacio, tenemos un celular. Pero, ¿qué pasa con aquellas que son indígenas, que aparte pertenecen a alguna población afromexicana, que son migrantes o aquellas que son discapacitadas?”, cuestionó. Refirió que Veracruz continúa registrando agresiones y asesinatos de integrantes de este sector, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos institucionales de prevención, investigación y acceso a la justicia. “Lo que vivimos es una violencia sistemática y en Veracruz ya es momento de que se empiece a reconocer”, sostuvo. Pulido Cano reconoció que existen avances legislativos relacionados con la identidad de género, la discriminación y la violencia motivada por prejuicios. Sin embargo, advirtió que el siguiente reto es garantizar su aplicación en todos los municipios. También recordó que las instituciones públicas y sus servidores tienen la obligación de respetar los nombres y pronombres de las personas. “Los servidores públicos y las instituciones sí tenemos una obligatoriedad de respetar esos pronombres”, sostuvo. El encuentro efectuado en Xalapa será el primero de varias reuniones estatales. Las participantes instalarán mesas de trabajo para definir las próximas sedes y buscar apoyos que permitan la asistencia de mujeres sin recursos para trasladarse. “A partir de hoy vamos a empezar a tener mesas de trabajo para ver en dónde se realizan los siguientes, esperando que se sumen más personas”, concluyó.
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