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| 'Más penas no garantizan justicia': especialistas y víctimas piden asegurar financiamiento en Ley contra Feminicidio. | ||||||
| Comenzaron en el Senado las mesas de diálogo previo al análisis de la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, que busca homologar la tipificación a nivel nacional. Las propuestas incluyen políticas públicas para niñas y niños en orfandad y la enseñanza de masculinidades no violentas en educación básica y media superior. | ||||||
| Mircoles 19 de Agosto de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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Advirtieron que sentencias más altas, como establece la iniciativa, no garantizan justicia para las víctimas; y señalaron que es necesario fortalecer la prevención y sistematizar la atracción de casos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) cuando los funcionarios locales actúen con negligencia. Otras de las propuestas fueron el establecimiento de políticas preventivas que eduquen a las infancias sobre masculinidades alejadas de la violencia contra las mujeres, así como redefinir el concepto de “mujer” establecido en el documento. El Senado abrió un foro para recabar propuestas que nutran la iniciativa enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum y que está prevista para ser votada a partir de septiembre, cuando arranque el periodo ordinario de sesiones. Además de las propuestas por escrito, en la sede de Xicoténcatl del Senado se programó la exposición, en no más de tres minutos, de algunos de los planteamientos. Fueron 796 propuestas legislativas para los 62 artículos y los 12 transitorios contemplados en el proyecto. La senadora Martha Lucía Micher Camarena informó que 174 personas se registraron para aplicar modificaciones a la iniciativa de Ley General contra el Feminicidio y más de 90 se inscribieron para exponerlas de forma presencial en las cinco mesas de diálogo. La ley debe cubrir pendientes internacionales Además de las mesas, se incluyeron conferencias magistrales, como la de la abogada feminista Karla Michelle Salas Ramírez, quien se enfocó en tres sentencias internacionales para el Estado mexicano en las que ha participado: Campo Algodonero, en Ciudad Juárez; el caso Digna Ochoa, y García Andrade y otros contra México, sobre el feminicidio de Alejandra García Andrade. La especialista señaló que las obligaciones para el Estado mexicano establecidas con esos tres precedentes deben estar resueltas en la nueva ley: quién actúa ante la primera señal de riesgo y en qué plazo; cómo se vincula la búsqueda de una mujer o niña desaparecida y la investigación; cómo se supervisan las órdenes de protección; qué registros cumplen los peritajes; cómo participan las familias; qué derechos se activan para las niñas y los niños. “Todo ello requiere de una autoridad responsable, coordinación, presupuesto, personal especializado y evaluación pública. Si la ley reconoce derechos, pero no define procedimientos, recursos y consecuencias frente al incumplimiento, conservará la distancia entre la norma y la realidad”, advirtió. En entrevista, Karla Michelle Salas Ramírez sostuvo que el gran desafío de la ley no solo es lograr un acuerdo sobre su contenido, sino también en el tema presupuestal. “Ninguna ley, ninguna política pública que no tiene presupuesto suficiente puede materializarse. Se convierte simplemente en un conjunto de promesas que sabemos que serán incumplidas. Se necesitan recursos y recursos para que el Estado mexicano efectivamente pueda prevenir los feminicidios, para que pueda garantizar plenamente sus derechos a las víctimas”. Sobre el número de años de pena para castigar los feminicidios, la abogada destacó el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género que debe tener la ley y llamó a eliminar la idea de que existe un “derecho a la sanción”. “No hay ninguna experiencia en México o en el mundo en la que el incremento de penas haya tenido como consecuencia la disminución de los crímenes. Los ejemplos más concretos son el Estado de México o propiamente Chihuahua, donde desde hace muchos años las penas por asesinar a una mujer fueron de 100 años, cadena perpetua, incluso, y hoy siguen ocupando los primeros lugares en feminicidio. El incremento de penas o agravantes no es la respuesta que tendríamos que esperar. Lo que debemos buscar es que el Estado prevenga, evite que las mujeres sean asesinadas”. En el mismo sentido, Gema Chávez Durán, coordinadora general de Investigación de Delitos de Feminicidio de la Fiscalía General de la Ciudad de México, señaló que con base en la experiencia operativa de su dependencia vale la pena revisar tres pendientes en la propuesta de ley: el endurecimiento de las penas, la precisión de las medidas procesales y contar con presupuesto suficiente. “Creemos que se hace necesario revisar el tema del financiamiento o presupuesto. Esta ley ordena crear fiscalías especializadas, nuevos registros en todo el país, capacitación, entre otros, pero el fortalecimiento institucional que hoy nos permite mostrar los resultados desde la Fiscalía de la Ciudad de México es producto de años de inversión sostenida y decisiones presupuestarias al respecto, y sin ese mismo compromiso de recursos a nivel nacional, el riesgo es que en el papel la ley imponga obligaciones que posiblemente se dificulte solventar”. En su artículo Décimo Segundo Transitorio, la iniciativa establece que los gastos que se generen debido a la entrada en vigor de la ley se realizarán con cargo al presupuesto ya aprobado para cada una de las dependencias e instituciones públicas involucradas, por lo que no se incrementará el presupuesto de las dependencias ni se autorizarán recursos adicionales bajo ningún concepto para el ejercicio fiscal en curso. Sanciones para servidores públicos y mecanismo de atracción federal, entre las propuestas David Peña, especialista en derecho, presentó dos propuestas específicas: establecer un catálogo de responsabilidades para el personal de las fiscalías y habilitar un mecanismo para que las víctimas soliciten la atracción federal de casos del fuero común ante negligencias u omisiones intencionales de las autoridades locales. Explicó que en la actualidad los esquemas de atracción derivan en su mayoría de la presión social o mediática. El litigante señaló que se han detectado situaciones donde el retraso y la pérdida de indicios no derivan de acciones intencionales de los servidores. “Cuando se den ciertas circunstancias, por ejemplo, que los indicios señalen la participación de una autoridad estatal o municipal en los hechos, o que las propias víctimas estén señalando o identificando alguna autoridad estatal que haya participado en el feminicidio como tal, en cualquiera de las modalidades, ocultamiento del cuerpo, facilitación o la acción en sí misma del feminicidio”, señaló. El abogado propuso detallar las responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos, ya que los criterios de actuación se limitan a exigir “probidad, honestidad o debida diligencia”. “Tendría que tener supuestos muy particulares para fincar responsabilidad a servidores públicos que, por ejemplo, utilizan estereotipos de género y que eso niega la recepción de la denuncia o niega la tramitación inmediata de una denuncia por desaparición o por feminicidio. Cuando haya sesgos de género, igual en la interpretación o en la actuación de las autoridades frente a este tipo de casos. Es decir, incluir un catálogo de supuestos de responsabilidad para servidores públicos, sobre todo de fiscalías y de servicios periciales, que se encuadren mucho más a lo que ocurre casuísticamente en la atención de casos de feminicidio”, explicó en entrevista. Durante su participación, Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres México, reconoció puntos centrales en la iniciativa, como la homologación del tipo penal y la obligación de investigar las muertes violentas como feminicidios. Sin embargo, advirtió que el desafío es que no se quede en el papel. Daniela Hernández, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, subrayó que la prevención requiere de obligaciones presupuestales claras, protección efectiva y un enfoque centrado en la dignidad de las mujeres. María Teresa Hernández Suárez, representante de la Colectiva Cincuenta más uno México, propuso que las alertas de género no dependan de la voluntad política de los gobiernos locales, a través de un fondo federal etiquetado, progresivo e intransferible dentro del presupuesto de Egresos de la Federación. Vianey Galindo se sumó a la advertencia de que no incluye la alerta de violencia de género, que ha derivado en diagnósticos y se han impulsado centros de atención para mujeres y protocolos. “Que se articulen las políticas de prevención del feminicidio con las declaratorias, procedimientos, diagnósticos, medidas y evaluaciones de la alerta de género contra las mujeres”, planteó. La redefinición del concepto de mujer Dentro de las propuestas, también se planteó redefinir el concepto de mujer que tiene la iniciativa de ley. María del Pilar Alberti Manzanares, que forma parte de más de 40 colectivas feministas abolicionistas, dijo que han enviado por escrito un posicionamiento a cada uno de los artículos de la iniciativa, pero se centró en el artículo sexto y su fracción octava, que incluye la definición de mujer. Actualmente, está establecida así: “toda persona que se identifique como mujer”. Esta definición, dijo la activista, altera el bien jurídico, ya que contraviene el artículo primero de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), ya que señala que la discriminación contra la mujer se basa en la exclusión por sexo. El artículo 1 de la Cedaw dice: “A los efectos de la presente Convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. La propuesta de definición de mujer es: “la persona de sexo femenino de cualquier edad”. Sayuri Herrera Román, fiscal especial para la Investigación de Delitos Relativos a Hechos de Violencia contra las Mujeres de la FGR, dijo que hizo 33 observaciones a la ley, pero se centró en que la ley debe ser clara y precisa. La funcionaria propuso eliminar la definición de mujer, debido a que, dijo, no requiere asignarle un significado técnico distinto al que deriva de la Constitución, legal y aplicable. Propuso, asimismo, revisar los artículos transitorios, ya que advirtió que se pueden derogar de manera inadecuada los tipos penales de transfeminicidio, que han costado a las mujeres que han trabajado también desde el legislativo para que se reconozca ese tipo penal. También propuso un capítulo sobre tentativa de feminicidio, ya que, dijo, éste no es un “feminicidio incompleto”, sino una manifestación consumada de violencia extrema que merece su lugar en la ley. Esa ausencia de la tentativa de feminicidio fue abordada por otras participantes, como Sabrina Gaucher, integrante de la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio (Renase), quien advirtió en entrevista que ese es el principal pendiente de la propuesta de ley. Asimismo, externó su inconformidad sobre la organización del encuentro. Indicó que el límite de tiempo impuesto para las participaciones individuales y la salida anticipada de los legisladores impiden que exista una interlocución real. “No entendemos muy bien el tema. Estábamos hablando entre nosotros, nos convocaron a participar en estas mesas de diálogo y no estamos dialogando. Se están presentando las propuestas de manera muy acelerada, quedan 3 minutos para hablar. No sabemos quién nos está escuchando, no sabemos si realmente se están retomando todas las propuestas que se están presentando. Entonces, estamos preocupadas porque además los senadores, que son quienes la van a votar, se retiraron del evento.” Al final de las mesas, en el panel se quedaron solo los legisladores que presiden las comisiones encargadas de dictaminar el documento: Martha Lucía Micher, de la Comisión de Equidad de Género; Manuel Huerta, de Estudios Legislativos, y Javier Corral, de Justicia. Patricia Sotelo Méndez enfocó su participación en la necesidad de campañas de prevención y el presupuesto requerido para realizarlo. Propuso una campaña masiva enfocada en niños para reeducarlos sobre su relación con las niñas. En el mismo sentido, Rocío Fragoso Vázquez, de la organización Velar por ti, advirtió que en la actualidad existe un enfoque que sanciona al hombre adulto, pero se sigue educando sin perspectiva de género a los niños que se siguen alimentando de lo que dicta el patriarcado hasta que crecen. Por ello, planteó adicionar una política de prevención de educación sustantiva que sea obligatoria en educación básica y media superior con formación del personal docente. “Hay un Estado que no nos está escuchando” En los foros se expuso la urgencia de entablar un diálogo real con las víctimas sobrevivientes e indirectas. Araceli Osorio Martínez, madre de Lesvy Berlín, víctima de feminicidio, criticó la ausencia de funcionarios públicos que se fueron tras retratarse al arranque las mesas de diálogo y advirtió que si no se escucha realmente a las víctimas, no será posible una norma adecuada en la materia. “Hay un Estado que no está escuchando que tenemos necesidad de hablar y de ser escuchadas”, dijo y lamentó la falta de participación de académicos, organizaciones civiles y, en especial, de los responsables de las fiscalías de género, argumentando que en estos espacios se debate el derecho de las mujeres a resguardar su vida. Ignorar a las colectivas y familias de víctimas, advirtió, impide lograr una legislación penal adecuada. “Mientras no nos escuchen… no sé si podamos tener una ley general a la altura de lo que necesitamos las víctimas, pero sobre todo las mujeres que estamos vivas y que queremos seguir vivas, libres y sin miedo”, agregó. Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio, no participó como ponente, pero la sentencia que consiguió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sentó el precedente para que las muertes violentas de mujeres sean juzgadas como feminicidio fue citada en repetidas ocasiones durante el foro. En entrevista, destacó que haya un programa nacional de prevención dirigido a infancias y juventudes enfocado en perspectiva de género y derechos humanos. Así se lo expuso a la entonces secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández: “la presidenta tiene oportunidad de cambiar el plan de estudios, desde preescolar hasta la universidad; no es algo que le perjudique a un niño o niña enterarse de qué es lo que está pasando, inclusive de esa forma sabrían cómo cuidarse”. Qué propone la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio La iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio propone penas de 50 a 70 años de cárcel a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, además de establecer una multa económica. Los años de prisión se incrementarán hasta en una mitad adicional si se presentan agravantes. Toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse como feminicidio y con perspectiva de género, sin prejuicios ni estereotipos. Para ello, hay que expedir un Protocolo Nacional Homologado para la Investigación del Delito de Feminicidio. Además, prohíbe cualquier reducción de la condena, por lo que las personas sentenciadas no tendrán derecho a libertad anticipada, acuerdos reparatorios, amnistías ni indultos. Otro punto importante es que la responsabilidad del agresor es imprescriptible. Una de las novedades de la iniciativa es la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio, para identificar a quienes perdieron a su madre a causa de este delito y asegurar que reciban protección. Entre otras obligaciones, el Ministerio Público deberá iniciar la investigación de forma inmediata y seguir un protocolo: identificar a la víctima mediante pruebas científicas; rastrear si existía violencia previa en su contra, más allá de las denuncias; revisar ingresos a hospitales por lesiones, atenciones en servicios de emergencia y ministerios públicos; preservar la escena del crimen y solicitar videos de cámaras de vigilancia públicas y privadas. El protocolo también contempla que la primera autoridad en llegar al lugar del delito debe resguardar a las hijas o hijos de la víctima y que, si son entrevistadas, se garantice su privacidad y contención emocional con especialistas. |
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