| Corte analiza proyectos sobre consultas obligatorias a población con discapacidad. | ||||||
| La sesión de este martes transcurrió en un ambiente institucional, pero estuvo marcada por el silencio de Batres, quien no intervino durante las casi dos horas y media de debate. | ||||||
| Martes 18 de Agosto de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
Al iniciar la discusión de cinco proyectos sobre el tema, el Pleno aprobó la propuesta del ministro Arístides Guerrero García y, por primera vez, invalidó de forma diferida una reforma de Tamaulipas que reserva al menos 3 por ciento de los empleos públicos a ese sector, al dar al Congreso 12 meses para realizar la consulta antes de que la norma pierda vigencia. Es decir, la invalidez no tendrá efectos inmediatos, como ocurría hasta ahora. El debate surgió diez meses atrás, en octubre pasado, a raíz de un proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama que proponía abandonar ese criterio, lo que generó polémica, y que llevó a la Corte a celebrar la primera audiencia pública de su actual integración, en la que escuchó a 89 personas con discapacidad y expertos antes de tomar una decisión. La sesión de este martes transcurrió en un ambiente institucional, pero estuvo marcada por el silencio de Batres, quien no intervino durante las casi dos horas y media de debate. Ante la extensión de la discusión, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz dejó para este miércoles cuatro proyectos pendientes, con los que se perfila definir el criterio de la Corte. Invalidan normas En su proyecto, Guerrero García concluyó que el Congreso de Tamaulipas incumplió la obligación de consultar previamente a las personas con discapacidad al reformar la ley estatal en la materia, aunque las disposiciones “a todas luces parecieran benéficas”. Los cambios fueron impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mediante una acción de inconstitucionalidad. La novedad estuvo en los efectos de la sentencia. En lugar de eliminar inmediatamente la cuota de al menos 3 por ciento de empleos públicos municipales para personas con discapacidad, la Corte dio al Congreso estatal 12 meses para realizar la consulta y emitir una nueva regulación. En cambio, invalidó de inmediato el requisito de presentar una “certificación de competencias” para acceder a esos puestos, al considerar que imponía exclusivamente a las personas con discapacidad una carga adicional sin justificación objetiva y razonable, por lo que resultaba discriminatorio. Guerrero García defendió mantener la consulta obligatoria y advirtió que eliminarla significaría un retroceso en derechos conquistados durante años. “Por décadas, las personas con discapacidad han sido invisibilizadas, excluidas y obligadas a luchar para que sus voces fueran escuchadas (...) Eliminar la consulta oficiosa respecto de aquellas leyes o políticas que les afecten (...) significaría cerrar la puerta que durante muchos años costó abrir”, sostuvo. El debate La ministra Yasmín Esquivel Mossa también defendió la consulta como un derecho sustantivo y no una mera formalidad, y llamó a sus compañeros “a que el calor del debate no nos lleve a hacer invisibles los derechos de las personas con discapacidad”. Además, afirmó que más del 83 por ciento de las participaciones en la audiencia pública se pronunciaron a favor de mantener la consulta previa y obligatoria. “Que una norma resulte benéfica para el colectivo, a juicio de la autoridad legislativa o de este propio tribunal, no exime de modo alguno de la obligación de consultarlo”, afirmó. La ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien mostró su implante coclear y señaló que forma parte de los millones de personas con discapacidad en México, sostuvo que ninguna autoridad puede asumir qué beneficia a ese sector sin escucharlo previamente. “Las personas que escuchan con los dos oídos no saben de verdad lo que significa no escuchar de un oído (...) no se pueden poner en nuestros zapatos, no saben lo que nos beneficia o no nos beneficia”, expresó. Frente a esas posiciones, el presidente Aguilar Ortiz puso sobre la mesa las consecuencias de invalidar automáticamente normas que, pese a no haber sido consultadas, pueden generar beneficios. Recordó que la anterior integración eliminó por esa causa “normas que claramente eran benéficas para el pueblo”. “Recuerdo la ley de creación de una universidad autónoma comunal. Se cayó por falta de consulta, volvió a emitirse después de la consulta y ahora ya no es autónoma”, ejemplificó. Batres se niega a votar La discusión llevó nuevamente al proyecto de Batres que originó la polémica el año pasado. Durante su votación parcial, la ministra sostuvo entonces que la nueva Corte ya había abandonado el criterio de invalidar automáticamente normas por falta de consulta, postura que rechazaron Yasmín Esquivel y Giovanni Figueroa Mejía. Este martes, sin embargo, Batres se negó a votar un cambio de criterio porque el proyecto de Guerrero García no lo proponía expresamente. “¿Por qué lo vamos a votar?... Hay otros proyectos que sí lo proponen”, cuestionó. Aguilar Ortiz respondió que “se puede estar perfilando el abandono de criterio, aunque no esté dicho expresamente”. El Pleno continuará este miércoles con cuatro proyectos sobre el tema, entre los que se prevé someter expresamente a votación un cambio de criterio. Quedará pendiente, aún sin fecha, un sexto asunto, el origen de la polémica: el proyecto de Batres sobre impugnaciones a la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán. |
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