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| Extorsión no debe decidir quién trabaja o produce: diputada Jessica Saidén. | ||||||
| La diputada Jessica Saidén, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, respaldó la estrategia federal contra la extorsión en Michoacán y ofreció acompañamiento legislativo para fortalecer a las instituciones de seguridad. | ||||||
| Martes 18 de Agosto de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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Saidén, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, señaló que el establecimiento de bases de seguridad para proteger a 17 empacadoras en Michoacán representa una de las medidas adoptadas por el gobierno federal ante las amenazas y el cobro de piso que enfrentan actividades productivas. Impacto en la economía local La legisladora sostuvo que la extorsión no solo afecta a las personas directamente amenazadas, sino que puede tener consecuencias en cadenas productivas, empleos, pequeños negocios y comunidades. Por ello, planteó que la respuesta de las autoridades debe incluir inteligencia, investigación, presencia territorial y coordinación entre instituciones. “Ni la extorsión ni el cobro de piso pueden decidir quién trabaja, quién produce o quién puede sacar adelante a su familia. Donde la delincuencia pretenda imponer miedo o controlar una actividad económica, debe estar presente el Estado con toda su capacidad institucional”, afirmó. Durante su conferencia matutina del 11 de agosto, Sheinbaum señaló que la extorsión en Michoacán es uno de los asuntos que el gobierno federal debe continuar atendiendo junto con las autoridades estatales y las personas afectadas. “Y hay temas muy importantes como, ejemplo, la extorsión en el caso de Michoacán, en ciertos municipios, que tenemos que seguirlos atendiendo conjuntamente con el gobierno de Michoacán y quienes son los afectados”, dijo. Refuerzo en la zona limonera y aguacatera La presidenta explicó que el gobierno federal había recibido previamente a productores de aguacate para exportación, quienes habían reportado un incremento de la extorsión en determinadas zonas de Michoacán. De acuerdo con su relato, mientras el delito había disminuido en una zona de Uruapan, posteriormente se trasladó a otra región con menor presencia de la Guardia Nacional. A partir de la información proporcionada por los productores, el gobierno federal decidió reforzar la vigilancia y trabajar con ellos para fortalecer la seguridad. Sheinbaum también señaló que funcionarios mexicanos acudieron a la Embajada de Estados Unidos para informar sobre estas medidas después de que se emitiera una alerta relacionada con la seguridad. Respuesta institucional y legislativa En su posicionamiento, Saidén planteó que el combate a la extorsión debe formar parte de una respuesta institucional que permita proteger tanto a las personas como las actividades económicas que realizan. La diputada sostuvo que desde la Cámara de Diputados debe mantenerse el acompañamiento legislativo a la estrategia nacional y fortalecer a las instituciones encargadas de prevenir, investigar y perseguir el delito. “Combatir la extorsión también significa defender el derecho de una persona a abrir su negocio, trabajar su tierra, transportar sus productos o generar empleos sin tener que pedir permiso a un delincuente. Esa libertad también es seguridad”, subrayó. La legisladora también respaldó la decisión del gobierno federal de concentrar esfuerzos en las zonas donde se identifican mayores riesgos y consideró que la protección de productores debe formar parte de las acciones contra la extorsión. En su conferencia, Sheinbaum sostuvo que la estrategia de seguridad federal ha mostrado resultados en distintos delitos, aunque reconoció que persisten problemas que requieren atención. En el caso de Michoacán, señaló que las autoridades deben continuar trabajando con el gobierno estatal y con los sectores afectados. Para Saidén, el papel de la Cámara de Diputados será acompañar estas acciones mediante cambios y herramientas que permitan fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad. La diputada afirmó que el objetivo debe ser evitar que los grupos delictivos tengan capacidad para imponer condiciones sobre quienes trabajan o producen. “Hay una decisión clara de la presidenta Claudia Sheinbaum: ningún grupo delictivo puede estar por encima del Estado ni apropiarse de la tranquilidad y del trabajo de las familias mexicanas. Desde el Congreso vamos a contribuir para que las instituciones cuenten con las herramientas necesarias para hacer valer esa premisa”, concluyó. |
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