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| Frayba acusa a la alcaldesa de San Cristóbal de Las Casas de discriminar y despojar a comerciantes indígenas. | ||||||
| Añadió que “como parte de esta actividad, han realizado de manera constante contribuciones anuales a la tesorería municipal de San Cristóbal contando con las constancias que así les acreditan”. | ||||||
| Domingo 16 de Agosto de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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En un comunicado, rechazó “el uso selectivo del espacio urbano en las zonas peatonales y plazuelas del centro histórico de esta ciudad, lo que refleja divisiones de clase y formas de discriminación estructural, de lo cual han sido víctimas Rogelio López Entzin, Angela Entzin Gómez y Rosa López Entzin, integrantes del pueblo maya tsotsil, quienes migraron a San Cristóbal de Las Casas en busca de mejores condiciones de vida y de un trabajo digno, eligiendo la venta de elotes como medio de sustento para sus familias”. Añadió que “como parte de esta actividad, han realizado de manera constante contribuciones anuales a la tesorería municipal de San Cristóbal contando con las constancias que así les acreditan”. Señaló que “durante este tiempo pertenecieron a una organización de comerciantes, Sociedad Cooperativa de los Altos de Chiapas (Socotcach) que actualmente ya no existe debido al fallecimiento de su representante”, por lo que “a partir de entonces Rogelio y su familia han tenido que enfrentar por sí mismos la gestión de su actividad comercial y la permanencia en los espacios que les fueron asignados para la venta de sus productos”. Manifestó que “ejercer el derecho de audiencia ha resultado sumamente desgastante con la actual administración de la presidenta municipal Fabiola Ricci Diestel y del director de Servicios Públicos Municipales, Gustavo Adolfo Sánchez Mendoza. ”El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, afirmó que “la insistencia de las personas afectadas en defender su derecho a continuar vendiendo en la vía pública ha tenido como consecuencia que, en dos ocasiones (12 de febrero de 2026 y 13 de agosto de 2026), fueran retiradas, con actuación intimidante, violándole su integridad personal”. Además, abundó, “se les decomisaron sus herramientas de trabajo, dejando que se les impusieran multas excesivas y se les ocasionaran pérdidas económicas importantes. Posteriormente, sin que se mediaría un procedimiento que garantizara plenamente su derecho de defensa, la autoridad notificó por escrito al Frayba, el 8 de junio de 2026, que “no es viable su petición de seguir vendiendo en ese espacio”. Sostuvo que “el ayuntamiento dejó de ver a la población trabajadora originaria que vive de su trabajo diario y ha contribuido históricamente al erario municipal mediante el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, incurriendo con ello en un acto de discriminación”. Aseguró que “en el presente caso, concurren diversas condiciones de vulnerabilidad: Se trata de personas del pueblo maya tsotsil, hablantes de una lengua maya originaria, mujeres, trabajadoras del sector informal y con una situación económica precaria, circunstancias que no pueden ser valoradas de manera aislada, sino de forma conjunta, desde una perspectiva interseccional que permita identificar las desigualdades y las formas de discriminación estructural que enfrentan”. El Frayba exigió que la autoridad municipal “valore integralmente estas condiciones, adopte medidas de protección y garantice el ejercicio efectivo de sus derechos, ya que sólo así podrá hacer realidad el discurso de un ‘gobierno humanista’ del que tanto se enorgullece. Diversamente, actuaciones como las aquí señaladas terminan produciendo exactamente lo contrario: profundizar la exclusión, la desigualdad y la vulnerabilidad de quienes deberían recibir una protección reforzada por parte de las instituciones públicas”. |
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