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XALAPA.- Las denuncias, litigios, auditorías y procesos judiciales relacionados con el tema inmobiliario no son nuevos en Veracruz, pues datan desde sexenios anteriores. Prueba de ello es que en noviembre de 2024 ya había sido denunciado en Xalapa un caso relacionado con un terreno de aproximadamente 12 hectáreas en Arco Sur, vinculado a la empresa Fincar Maz. Las denuncias se han extendido no solo en Xalapa, sino en municipios como Actopan, Emiliano Zapata, Córdoba, Coatepec, San Rafael, la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Naolinco y la región de Perote, entre otros. Incluso desde el sexenio de Fidel Herrera Beltrán se ha hablado de una presunta red integrada por notarios, jueces y exfuncionarios que se apropiaron de predios públicos y casas abandonadas en zonas de alta plusvalía como Las Ánimas, Arco Sur e incluso el Centro Histórico. Para ello, se utilizó de juicios, escrituras irregulares y registros catastrales para transferir bienes sin dueño definido o propiedades intestadas hacia nombres vinculados con estructuras políticas locales. La denuncia señalaba presuntas irregularidades en las que habrían intervenido personas ligadas al sector inmobiliario y judicial, incluidos notarios, el Registro Público de la Propiedad y jueces. Recientemente, en Xalapa se encuentra uno de los expedientes con mayor avance judicial; la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la vinculación a proceso de José Alfredo “N” y Zain Alef “N” dentro del proceso penal 464/2026, por fraude específico. De igual forma, en el caso de José Alfredo “N”, se señaló una presunta operación inmobiliaria mediante suplantación de identidad. Este problema comenzó a adquirir una dimensión colectiva. El 6 de julio de 2026, más de un centenar de personas se manifestó frente al Palacio de Gobierno en Xalapa para denunciar presuntos despojos de propiedades y atribuirlos al llamado “cártel inmobiliario”. Las personas señalaron a despachos de abogados y notarios como parte del supuesto esquema. El 7 de agosto de 2026, la gobernadora Rocío Nahle confirmó que una de las viviendas involucradas en los casos denunciados por presunto despojo ya fue restituida a una familia afectada. En Xalapa también fue denunciado otro conflicto en Bosque de Niebla, en Las Ánimas. Una familia reportó en mayo que vehículos de carga ingresaron a una vivienda y retiraron bienes, mientras los propietarios sostenían que no habían sido vencidos en juicio. El hecho quedó relacionado con la carpeta 1583/2026. Una ampliación de denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado señala a abogados, litigantes y exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte, por su presunta participación en un despojo ocurrido en el fraccionamiento Bosque de Niebla, en la zona de Las Ánimas, donde fueron sustraídos bienes valuados en más de seis millones de pesos. En Actopan, uno de los litigios involucra el predio rústico Potrero de la Mancha, con una superficie de 55 hectáreas, 55 áreas y siete centiáreas. El expediente civil 983/2023/IV y el instrumento público 8109, fechado el 27 de agosto de 2025, aparecen en las referencias del caso. Publicaciones periodísticas señalan posibles irregularidades y mencionan al entonces juez Eric Antonio Hernández Méndez y al notario Tomás Trujillo Márquez. El predio también aparece en documentación relacionada con las Dunas de San Isidro: un decreto estatal de 2019 modificó el polígono del área natural protegida y dejó fuera determinadas fracciones de Potrero de la Mancha. En Emiliano Zapata, Efrén Ortega Quiroz denunció a Soluciones y Desarrollos Inmobiliarios por una operación relacionada con un terreno heredado de aproximadamente una hectárea. Según su denuncia, el predio habría sido proyectado para dividirse en 46 lotes y posteriormente se habría constituido una hipoteca. Ortega Quiroz calculó el valor de la operación en 12 millones de pesos y señaló que la hipoteca fue formalizada en mayo de 2025 ante la Notaría 27. Una investigación que comenzó con terrenos y viviendas ahora alcanza notarías, Registro Público, Catastro y autoridades judiciales. En Coatepec, dos adultos mayores denunciaron un presunto despojo y acusaron a abogados, notarios y autoridades. Otro conflicto corresponde al predio María Sánchez, de unos 17,988 metros cuadrados, relacionado con el Deportivo San Jerónimo. En San Rafael, el alcalde Gil Armando Méndez Grappin declaró que una revisión de la administración anterior había detectado un posible “cártel inmobiliario”. Entre los asuntos mencionados estaba una vivienda municipal de la colonia Fidelidad, que presuntamente habría sido donada o vendida en 2023 a un empleado del Ayuntamiento.
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