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| Titular de JFCA favoreció a Grupo México: mineros. | ||||||
| El señalamiento cobra relevancia porque la propia JFCA y la empresa propiedad de Germán Larrea han reconocido, en distintos momentos, que una “coalición” de trabajadores ingresó a laborar a la mina desde hace al menos ocho años, pese a que el movimiento de huelga, que estalló el 30 de julio de 2007 por parte de mineros de la sección 201, fue declarado legalmente existente. | ||||||
| Mircoles 12 de Agosto de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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El señalamiento cobra relevancia porque la propia JFCA y la empresa propiedad de Germán Larrea han reconocido, en distintos momentos, que una “coalición” de trabajadores ingresó a laborar a la mina desde hace al menos ocho años, pese a que el movimiento de huelga, que estalló el 30 de julio de 2007 por parte de mineros de la sección 201, fue declarado legalmente existente. La acusación del sindicato se da en el marco de un litigio en el que la organización gremial que encabeza Napoleón Gómez Urrutia presentó un “incidente de desacato”, al advertir que se violó una suspensión judicial que ordena impedir el ingreso a la mina de trabajadores ajenos al movimiento de huelga. En respuesta al tribunal colegiado en materia de trabajo, la funcionaria afirmó: “se niega la transgresión” y solicitó “desechar” el recurso planteado, de acuerdo con un documento fechado el pasado 6 de julio. “Falsea información, dice que no están ingresando a trabajar, cuando la misma empresa informó que reinició operaciones, realizó inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores y reportó más de un millón de dólares en ganancias”, recalcó el abogado. En entrevista, adelantó que presentarán ante el tribunal reportes financieros, recibos del IMSS, entre otros documentos, para acreditar que la mina ha estado produciendo. Velasco señaló que la postura de la presidenta de la JFCA contradice lo ocurrido, ya que Grupo México reanudó operaciones en 2018 y, desde que estalló el conflicto, ha intentado romper la huelga “con porros y golpeadores”. Además, consideró “incongruente” la determinación de la autoridad laboral, toda vez que ésta misma resolvió que es ilegal el convenio firmado entre la empresa y una “coalición” de 253 “trabajadores esquiroles”, quienes, en su mayoría –indicó–, ya habían sido liquidados, otros estaban pensionados y la mayoría pertenecía a una compañía distinta. “Esta Junta determina que la solicitud realizada por los trabajadores coaligados y por la empresa Industrial Minera México, unidad San Martín, en comparecencia de 22 de agosto de 2018, es inconstitucional”, determinó en junio de 2023 la JFCA, en el marco de una investigación al amparo del mecanismo laboral de respuesta rápida del T-MEC. En ese mismo fallo, también resolvió que el Sindicato Nacional Minero es el titular del contrato colectivo de la mina San Martín, además de ordenar el pago de salarios caídos y diversas prestaciones. Sin embargo, a la fecha esto no ha ocurrido y la JFCA –que desde 2022 sólo desahoga expedientes en rezago– se ha negado a desalojar a la “coalición” de trabajadores contratados por Grupo México, ni se han reparado las violaciones que originaron el conflicto. |
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