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XALAPA.- Después de concluir ayer jueves las audiencias de pruebas y alegatos, la Comisión Instructora del Congreso del Estado cuenta con un plazo de hasta tres dÃas hábiles para emitir los dictámenes sobre las solicitudes de desafuero promovidas por la FiscalÃa General del Estado (FGE) contra los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, ambos de Movimiento Ciudadano. El presidente de la Comisión Instructora, Facundo Fernández de la Cruz, informó que ambos presidentes municipales comparecieron para ejercer su derecho de defensa, mientras que la FGE presentó los elementos que sustentan las solicitudes de declaración de procedencia. "Concluyó la audiencia; la FiscalÃa presentó lo que debÃa y también se concedió el derecho de defensa a los alcaldes. Todos argumentaron lo que consideraron pertinente y ahora corresponde emitir el dictamen", señaló. El diputado local refirió que los integrantes de la Comisión analizarán las pruebas y alegatos antes de elaborar un dictamen individual para cada caso, el cual será remitido a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local. Fernández de la Cruz precisó que el plazo legal vence el martes 4 de agosto, aunque los documentos podrÃan quedar listos desde este viernes 31 de julio. De igual forma, aclaró que la conclusión de las audiencias no implica que el desafuero esté definido. "No podemos considerar que habrá desafuero; primero debemos analizar las pruebas para determinar si procede o si no se acreditan los elementos necesarios", aseguró. Una vez concluidos los dictámenes, estos serán enviados a la Presidencia de la Mesa Directiva, que los turnará a la Diputación Permanente, órgano encargado de convocar a una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso. La Diputación Permanente tiene programada su cuarta sesión ordinaria para el martes 4 de agosto a las 11:00 horas, cuando podrÃa convocarse al periodo extraordinario en el que los 50 diputados decidirán si procede o no retirar el fuero a ambos alcaldes. La función de la Comisión Instructora no es determinar la culpabilidad o inocencia de los servidores públicos, sino establecer si existen elementos legales suficientes para retirarles la inmunidad constitucional y permitir que enfrenten un proceso penal. Si el Pleno aprueba alguno de los dictámenes por mayorÃa, la FGE podrá ejercer acción penal contra el alcalde involucrado. En caso contrario, conservará el fuero mientras permanezca en funciones. El alcalde de Úrsulo Galván, Norberto BertÃn Bravo Montero es investigado por su presunta relación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López, quienes fueron vistos por última vez el pasado 14 de mayo, cuando se dirigÃan a una propiedad del edil, ubicada en Barra de Chachalacas. Por su parte, el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González MartÃnez, enfrenta una solicitud de desafuero por su presunta participación en la desaparición y asesinato de la comunicadora Roxana Guzmán, quien fue privada de la libertad en su domicilio de Nanchital el pasado 2 de junio de 2026. Asà las cosas.
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