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| Chihuahua pide al gobierno federal atender crisis de desplazamiento en Guadalupe y Calvo. | ||||||
| En conferencia de prensa, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo, pidió fortalecer la intervención federal en Guadalupe y Calvo, ante el incremento de la violencia que ha provocado el desplazamiento forzado de familias en la sierra Tarahumara. | ||||||
| Viernes 31 de Julio de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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En conferencia de prensa, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo, pidió fortalecer la intervención federal en Guadalupe y Calvo, ante el incremento de la violencia que ha provocado el desplazamiento forzado de familias en la sierra Tarahumara. Afirmó que la disputa territorial entre grupos del crimen organizado, en la región serrana, “ha obligado a un gran número de familias, principalmente indígenas, a abandonar sus hogares”. “Las familias son expulsadas por la violencia y el control territorial que se vive en la zona serrana, está disputa ha devastado sus comunidades”. “Vemos con preocupación como se acrecenta la violencia e inseguridad, por lo cual invitamos a la corresponsabilidad y coordinación, donde el gobierno federal atienda de manera prioritaria”. Advirtió que, por la magnitud del problema, debe incorporarse el desplazamiento forzado interno como un tema permanente en las mesas de construcción de paz del gobierno federal, “sostener una estrategia de desarticular estructuras criminales en los municipios serranos, y la detención de objetivos prioritarios, es la única vía para el retorno de las familias”. También pidió establecer servicios federales en las comunidades afectadas, particularmente en materia de salud, energía eléctrica, abasto e inspección forestal para combatir la tala ilegal. Según el secretario estatal de Comunidades Indígenas, los desplazados tienen que ser incluidos en la agenda de la Secretaría de Bienestar federal, para que se resuelvan sus demandas de alimentación, salud, vivienda y educación, derechos que el gobierno de Chihuahua intenta proporcionales. “Si bien el combate al crimen organizado corresponde constitucionalmente al gobierno federal, el gobierno del estado ha asumido su responsabilidad mediante acciones presupuestales, operativas y humanitarias para atender a las personas desplazadas”. “El estado de Chihuahua está haciendo la parte de contener la crisis social, acompañar el impacto humano y brindar protección, pero la contención no elimina la causa ni el origen”. Por lo tanto, pidió recibir recursos específicos para la atención del desplazamiento forzado interno, en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Antes, la gobernadora Campos Galván había rechazado que ella deba responder ante legisladores federales por la crisis de desplazamiento, y desestimó un exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. María Eugenia Campos declaró el lunes 27 de julio que el Senado no tiene facultades para exhortarla o llamarla a comparecer; “acuérdate que no hay facultad por parte del Senado para mandar llamar a un gobernador, se haría de buena fe (...), quien debería dar una respuesta son Morena y la 4T, no la gobernadora de Chihuahua que sí combate al crimen organizado”. “Estos desplazados salieron de Guadalupe y Calvo ante el terror de no tener comunicación, no tener suministro eléctrico, tampoco alimentación, quien debería brindar estas condiciones son el gobierno federal, Morena, la 4T”. |
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