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XALAPA.- Como parte de los procesos de Declaración de Procedencia que se siguen en contra de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero, ambos de Movimiento Ciudadano, la Comisión Permanente Instructora de la LXVII Legislatura del Estado, integrada por los diputados Facundo Fernández de la Cruz, Ramón Díaz Ávila y Felipe Pineda Barradas, presidente, secretario y vocal, respectivamente, realizó la audiencia de pruebas y alegatos entre representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y los presidentes municipales, quienes estuvieron acompañados de sus representantes legales. Se informó que estas audiencias, realizadas en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del estado, se llevaron a cabo con la finalidad de que los servidores públicos involucrados en estos procedimientos puedan manifestar lo que a su derecho convenga. A las 10:00 horas de este jueves, los diputados integrantes de la Comisión atendieron, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, la primera audiencia de pruebas y alegatos entre personal de la FGE y el presidente municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, quien llegó acompañado de su defensor legal, por otra parte, a las 16:00 horas, la misma instancia legislativa hizo lo propio con los representantes de la Fiscalía y el presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, quien acudió al lado de su abogado. El diputado presidente de la Comisión Instructora, Facundo Fernández de la Cruz, aseguró que estos procedimientos se realizan con estricto apego a la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y que el Congreso no establece si los servidores públicos son responsables, sino que, con base en lo expuesto por las partes, determina si el proceso va hacia la siguiente fase, que sería poner a consideración del Pleno, mediante un dictamen, la solicitud de Declaración de Procedencia. El legislador refirió que la representación popular atiende los asuntos con el carácter que exige la normatividad vigente, por lo que descartó cualquier motivación política. En ese sentido, consideró que este día es crucial, porque cada una de las partes presenta las pruebas y los elementos que consideran pertinentes y será la Comisión la que decida si ha lugar o no, con base en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Tras llevarse a cabo las audiencias de pruebas y alegatos, la Comisión dictaminará los hechos denunciados en el plazo de tres días.
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