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XALAPA.- Los escándalos que involucran hasta ahora a tres alcaldes surgidos de Movimiento Ciudadano en Veracruz confirman que a pesar de que en su propaganda se vendieron como una alternativa a lo que llaman “la vieja política”, su ofrecimiento de ser lo nuevo se quedó en puro taco de lengua. Prueba de ello es que el alcalde del municipio de Jalcomulco, Roberto Ixtla Campuzano, de Movimiento Ciudadano, enfrenta una denuncia pública y penal luego de ser señalado por un presunto incumplimiento de contrato en la adquisición de un inmueble residencial y peor aún, ofrecer pagar su adeudo con obra pública. El propietario agraviado, identificado como Luis Antonio Burillo Arenas, informó que las acciones legales corresponden a la compraventa de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Residencial Cumbres, en la ciudad de Xalapa. De acuerdo con la víctima, el alcalde incurrió en un daño patrimonial que supera los 3 millones de pesos, pues si bien ambas partes habían pactado inicialmente un costo total por la propiedad, Ixtla Campuzano únicamente cubrió la cifra de 1.5 millones de pesos, negándose posteriormente a saldar la diferencia estipulada en las cláusulas contractuales correspondientes. Pero lo más grave es que el afectado denunció que Ixtla Campuzano le ofreció liquidar la deuda otorgándole obra pública en el municipio, situación que podría configurar un delito según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual califica este tipo de conductas como faltas administrativas graves, lo que conlleva desde la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta la privación de la libertad mediante juicio penal. Por lo pronto, el caso ya fue turnado a las autoridades correspondientes y se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado. El denunciante manifestó su interés de que las investigaciones avancen con prontitud e imparcialidad, exigiendo una resolución justa para reparar las pérdidas económicas sufridas ante el desacato de los compromisos financieros por parte del alcalde, es decir el pago de intereses/penalizaciones. Hasta el momento, ni el edil de Jalcomulco ni la representación de su partido político han emitido un comunicado oficial al respecto. El hecho genera un llamado de atención hacia la rendición de cuentas de los servidores públicos, en un contexto donde se espera que la Fiscalía determine las responsabilidades legales conforme al debido proceso.
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