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XALAPA.- Prueba de que la corrupción sigue vivita y coleando en tiempos de la llamada Cuarta Transformación, es que la fiscal general del Estado, Lisbeth Jiménez Aguirre, y la fiscal especializada en Combate a la Corrupción, Stephany Rosas Méndez, reconocieron que ésta es uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social del Estado. Las funcionarias señalaron que la corrupción afecta tanto al sector público como al privado, pues erosiona la estabilidad social, mina la confianza en las instituciones veracruzanas y en la actividad productiva local, además de debilitar el estado de derecho y desviar recursos que deben destinarse a servicios públicos. Por lo anterior, con el fin de animar a las personas a denunciar tal situación, para que sea investigada y sancionada, emitieron el Protocolo para la Atención y Protección de Personas Denunciantes y Alertadoras de Probables Actos de Corrupción. Con ello, se busca combatir eficazmente este flagelo en Veracruz que exige superar los mecanismos de control externo tradicionales. En ese tenor, señalaron que las personas que, desde su posición interna en instituciones gubernamentales o por su relación externa con ellas, tienen conocimiento de probables actos de corrupción, representan la fuente de información más valiosa y directa para detectar, investigar y detener estas prácticas en la entidad. Ambas fiscales, reconocieron, no obstante, que el acto de denunciar o alertar sobre tales conductas conlleva riesgos personales, laborales y familiares significativos en el contexto veracruzano. Por esta razón, afirmaron que la implementación de un Protocolo de Protección a Personas Denunciantes o Alertadoras de Probables Actos de Corrupción no es un mero formalismo administrativo, sino una herramienta estratégica fundamental para salvaguardar la integridad, la reputación y la sostenibilidad de las instituciones y organizaciones en Veracruz. Señalaron que el objetivo principal de este Protocolo es definir el mecanismo para la determinación, implementación, evaluación y seguimiento a las medidas de protección que se dicten en beneficio de las personas que presenten riesgo alto o muy alto, ante posibles amenazas con motivo de la denuncia o alerta que realizan por la comisión probable de un acto de corrupción, a efecto de garantizar su integridad bajo una polÃtica de cero tolerancia de cualquier represalia e impunidad y de maximización de los derechos humanos.
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