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Xalapa, Ver.- Mientras en Ciudad de México se multiplican las denuncias por bandas de despojo que irrumpen en viviendas y desplazan a familias enteras, en Veracruz comienzan a documentarse casos que siguen el mismo patrón, pero con un componente adicional: el uso del poder público y de influencias políticas para apropiarse de propiedades privadas.
En Xalapa, el alcalde de Jalcomulco, Roberto Ixtla Campuzano, fue denunciado por despojo luego de tomar posesión de una vivienda de la que sólo había una promesa de compraventa no concretada. La familia afectada asegura que el edil ingresó con escoltas, permitió remodelaciones y ocupación de terceros, y que incluso intentó “saldar” el adeudo ofreciendo contratos de obra pública, una práctica que los afectados consideran irregular y potencialmente constitutiva de corrupción.
En otro caso, la empresaria Rosa María Martínez acusó a Ivette Orozco Lara, exfuncionaria de Protección Civil estatal, de despojo, amenazas y abuso de funciones. Según la denuncia, Orozco ingresó sin autorización al predio, retiró bienes y ocupó el terreno alegando “supervisión oficial”. La afectada afirma que la exservidora pública se ampara en influencias dentro del gobierno estatal, señalamiento que aún no ha sido confirmado por autoridades, aunque la afectada refiere que teme por su vida.
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