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XALAPA.- Tras afirmar que su caso constituye un antecedente de lo que considera una actuación política de las autoridades ministeriales, debido a los procesos penales que enfrentó y que ha atribuido públicamente a una persecución en su contra, Angélica Sánchez Hernández, exjueza e integrante de Movimiento Ciudadano, atribuyó a motivaciones políticas los procedimientos de declaración de procedencia iniciados contra dos alcaldes de su partido y cuestionó que ediles vinculados con MORENA, pese a enfrentar denuncias, no hayan sido sometidos a procesos similares. En ese tenor, la integrante de las coordinadoras nacional y estatal de Movimiento Ciudadano señaló que las solicitudes para retirar el fuero se concentran en Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván, ambos emanados de la oposición. “Casualmente esta investigación contra alcaldes es contra alcaldes de oposición, no tomando en cuenta que también hay alcaldes morenistas que están denunciados”, aseguró. Como ejemplo, Sánchez Hernández citó al alcalde de Cosamaloapan, Jorge Alberto Villegas Cázares, a quien ciudadanos y familiares han acusado de proteger a policías municipales señalados por la muerte de un albañil que permanecía detenido. “Yo quisiera saber por qué no han solicitado el desafuero del alcalde de Cosamaloapan, por ejemplo, que está denunciado. Entonces hay mucha polvareda levantada en contra de los alcaldes que son de oposición”, sostuvo. Al ser cuestionada sobre un posible uso de los procesos penales contra funcionarios opositores, la exjueza sostuvo que su propia experiencia le permite respaldar esa postura. “Sí, por supuesto. La Fiscalía es especialista en armar carpetas y fabricarlas, y fabricar datos de prueba. Me consta por mí misma”, acusó. Sánchez Hernández afirmó que su caso constituye un antecedente de lo que considera una actuación política de las autoridades ministeriales, debido a los procesos penales que enfrentó y que ha atribuido públicamente a una persecución en su contra. La exjueza acudió al Palacio Legislativo para respaldar a los alcaldes, aunque aclaró que no forma parte de sus equipos jurídicos. Explicó que pretendía conocer los elementos presentados en su contra, pero no se le permitió ingresar a las diligencias. “Únicamente vengo como apoyo, también para poder ver cuáles son los datos que hay en contra de ellos, pero a mí no me dejaron entrar”, aseguró. Las solicitudes de declaración de procedencia fueron promovidas por la Fiscalía General del Estado para que el Congreso determine si existen elementos para retirar la inmunidad constitucional a los presidentes municipales y permitir que el Ministerio Público proceda penalmente en su contra. González Martínez es señalado en una investigación relacionada con la privación de la libertad y el homicidio de la periodista Roxana Guzmán, mientras que Bravo Montero aparece vinculado con las indagatorias por la desaparición de un empresario y su escolta, en Úrsulo Galván. El procedimiento legislativo no determina la responsabilidad penal de los alcaldes, sino únicamente si deben conservar o perder el fuero. Ambos ediles mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria. Así las cosas.
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