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XALAPA.- Como no hay plazo que no se cumpla, el Congreso del Estado abrió este martes la etapa de pruebas y alegatos en los procedimientos de declaración de procedencia contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos de Movimiento Ciudadano. Las defensas de los presidentes municipales tienen hasta este miércoles para presentar a la Comisión Instructora los documentos y argumentos con los que buscan responder a las solicitudes de desafuero promovidas por la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con el procedimiento, los integrantes de la Comisión revisarán entre miércoles y viernes los señalamientos formulados por la Fiscalía y los elementos aportados por los abogados, con el propósito de definir en próximos días los dictámenes que establecerán si procede retirar la inmunidad procesal a los ediles. La emisión de los dictámenes no implica que los alcaldes pierdan el fuero de manera automática. Las resoluciones deberán ser enviadas al Pleno del Congreso, que se constituirá en Jurado de Procedencia para discutir y votar cada expediente por separado. El retiro del fuero requiere el respaldo de las dos terceras partes de la totalidad de los integrantes de la Legislatura. Si no se reúne la mayoría calificada, los alcaldes conservarán la inmunidad constitucional mientras permanezcan en sus cargos. La Comisión Instructora está integrada por Facundo Fernández de la Cruz, diputado de MORENA, como presidente; Ramón Díaz Ávila, del Partido del Trabajo, como secretario, y Felipe Pineda Barradas, de MORENA, como vocal. Una vez concluido el análisis, la comisión podrá proponer al Pleno que declare procedente o improcedente retirar el fuero a cada presidente municipal. El procedimiento también contempla el desahogo de pruebas, la presentación de alegatos y la posibilidad de que los alcaldes o sus abogados comparezcan ante los diputados antes de que se elaboren los dictámenes. Una vez concluido el análisis, la Comisión podrá proponer al Pleno que declare procedente o improcedente retirar el fuero a cada presidente municipal. La declaración de procedencia, conocida como desafuero, es el mecanismo legislativo mediante el cual se determina si un servidor público puede ser sometido a proceso penal mientras permanece en el cargo. La resolución del Congreso no determina la responsabilidad penal de los alcaldes ni sustituye las investigaciones realizadas por la Fiscalía. Su alcance se limita a establecer si la autoridad ministerial puede proceder judicialmente en su contra. En caso de que el Pleno apruebe retirarles la inmunidad, los presidentes municipales quedarían sujetos a la jurisdicción de los tribunales y podrían enfrentar los procesos penales correspondientes. Si la Legislatura rechaza los dictámenes o no reúne la mayoría calificada, los procedimientos penales no podrán continuar mientras los ediles conserven el fuero. Las investigaciones, sin embargo, podrán permanecer abiertas y retomarse cuando concluya la protección constitucional. El expediente contra Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, deriva de la investigación por el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán. La comunicadora fue privada de la libertad el 2 de junio en Nanchital. Sus restos fueron localizados semanas después en el municipio de Moloacán. La Fiscalía solicitó al Congreso retirar el fuero al alcalde para que pueda ser sometido al procedimiento penal relacionado con esos hechos. A su vez, la solicitud contra Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván, está vinculada con la desaparición del empresario Héctor Ramos y de su escolta, Ignacio López. Ambos fueron vistos por última vez el 14 de mayo, después de acudir al domicilio del alcalde en la localidad de Barra de Chachalacas.
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