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Congreso local aplaza renovación judicial hasta 2028, Morena busca corregir modelo fallido, pero no lo acepta; Héctor ponen en tela de juicio independencia del PJE.
La modificación constitucional, impulsada por la diputada de Morena Tanya Carola Viveros Cházaro, recibió 36 votos a favor y seis en contra, sin abstenciones, durante un periodo extraordinario de sesiones.
Sbado 25 de Julio de 2026
Por: REDACCION GOBERNANTES
Foto: Google .
Xalapa, Ver.-

En medio de críticas de oposición, legisladores de Morena en el Congreso de Veracruz aplazaron hasta junio de 2028 la renovación de las magistraturas y juzgados que quedaron fuera de la elección judicial de 2025, al aprobar una reforma que también cambia la selección de candidaturas, ordena contar los votos en las casillas y establece evaluaciones para jueces electos.

La modificación constitucional, impulsada por la diputada de Morena Tanya Carola Viveros Cházaro, recibió 36 votos a favor y seis en contra, sin abstenciones, durante un periodo extraordinario de sesiones.

Las personas electas rendirán protesta el 1 de septiembre de 2028 y permanecerán ocho años en el cargo, hasta el 31 de agosto de 2036.

En el caso de dos magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, el periodo será de cinco años. La reforma también permite que las magistradas y magistrados cuyos nombramientos concluían en 2027 permanezcan en funciones hasta septiembre de 2028, cuando sean relevados por quienes resulten electos. La oposición sostuvo que el dictamen representa una corrección al modelo aplicado en 2025 y lo calificó como una reforma al fracaso de Morena.

La diputada priista Ana Rosa Valdés Salazar lo definió como “la reforma de la reforma fallida”, mientras que María Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, señaló que las modificaciones sucesivas evidencian problemas en el diseño. El legislador Héctor Yunes Landa cuestionó que las nuevas disposiciones garanticen la independencia del Poder Judicial, e Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN, advirtió que el partido mayoritario podría intervenir en la selección de aspirantes. La mayoría legislativa afirmó que los cambios incorporan la experiencia de la primera elección judicial y armonizan la Constitución de Veracruz con la reforma federal publicada el 2 de junio de 2026.

“Este dictamen recoge lo aprendido en la primera elección judicial del año pasado y lo convierte en reglas más claras”, sostuvo Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

A diferencia del proceso de 2025, el escrutinio y cómputo de los sufragios se realizará en las casillas donde sean emitidos y no en centros de conteo posteriores. La jornada judicial se desarrollará en los mismos lugares que las elecciones federales o locales de 2028, aunque las autoridades electorales deberán impedir la intervención de representantes de partidos políticos.

El Organismo Público Local Electoral organizará el proceso, efectuará los cómputos, declarará su validez y entregará las constancias de mayoría. El Tribunal Electoral de Veracruz deberá resolver las impugnaciones antes de la toma de protesta. Las elecciones de integrantes de los tribunales Superior de Justicia, de Disciplina Judicial y de Conciliación y Arbitraje se realizarán en una sola circunscripción estatal. La votación para juezas y jueces de Primera Instancia también será estatal, pero las candidaturas y los sufragios se diferenciarán por especialidad.

Cada uno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial podrá postular a dos personas por cada cargo. Una misma aspirante podrá ser propuesta por más de un Poder, siempre que compita por el mismo puesto. Los tres poderes deberán integrar comités de evaluación conformados por cinco especialistas en materia jurídica.

Las personas que coordinen esos órganos formarán una comisión encargada de homologar requisitos, exámenes y metodologías. Cada comité seleccionará a las cuatro personas mejor evaluadas por cargo y realizará una insaculación pública para reducir la lista a dos candidaturas, bajo el principio de paridad de género. Las personas interesadas deberán cumplir los requisitos constitucionales y legales, presentar un ensayo sobre los motivos de su postulación y entregar cinco cartas que respalden su idoneidad.

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