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XALAPA.- Luego de ser exonerada de los procesos penales iniciados en su contra en tiempos de Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador de la historia de Veracruz -, la exjueza Angélica Sánchez Hernández analiza reclamar una indemnización por la actuación del Ministerio Público, al que atribuye la integración de investigaciones que afectaron su carrera judicial, sus ingresos y su posibilidad de jubilarse. Sánchez Hernández sostuvo que una eventual reparación sería cubierta con recursos públicos, pero en su opinión tanto la exfiscal, Verónica Hernández Giadáns, como el exgobernador Cuitláhuac García, deberían responder con su patrimonio por las malas decisiones tomadas durante sus administraciones. “Yo podré acudir a diversa vía para que se me indemnice. No se los van a cobrar a ellos de su bolsillo; será el Estado”, explicó. La exjueza cuestionó el desempeño de ambos exfuncionarios y afirmó que su caso, junto con otros procedimientos promovidos durante ese gobierno, muestra la forma irregular en que ejercieron sus cargos. Aclaró que no busca una reparación por rencor, sino por las consecuencias que las acusaciones tuvieron en su proyecto profesional. La estrategia es revisada por sus abogados a partir de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por actuaciones del Ministerio Público. La Corte ha determinado que la indemnización por daños derivados de actos irregulares del Ministerio Público debe reclamarse por la vía administrativa y no mediante un juicio civil. Quien presente la reclamación debe demostrar que la autoridad actuó fuera de las reglas que regían su función, que existió un daño y que ese perjuicio fue consecuencia directa de la actuación ministerial. La ex jueza dijo que buscará acreditar esos elementos con las resoluciones federales que dejaron sin efectos el proceso penal, los ingresos que dejó de percibir, la interrupción de su carrera y la afectación a su jubilación. “Considero procedente recurrir en la vía administrativa para que este tiempo que me hicieron perder de mi trabajo me sea resarcido con una indemnización”, reiteró. La exjueza tiene 60 años. Cuando fue detenida, en 2023, calculaba que le faltaban cinco años de servicio para jubilarse. “Este ha sido un trayecto largo, desgastante en todos los sentidos”, lamentó. Sánchez Hernández relacionó las acusaciones penales con la resolución que emitió para cumplir un amparo federal que abría paso a la liberación de Itiel Palacios García, identificado como Itiel “N”, “El Compa Playa”. La exjueza sostuvo que actuó en cumplimiento de una determinación federal y que los tribunales de amparo confirmaron después que su resolución se ajustó a Derecho. El último amparo que obtuvo fue concedido de manera lisa y llana y confirmado por un tribunal colegiado. En cumplimiento de esa sentencia, un juez de control de Pacho Viejo le dictó recientemente la no vinculación a proceso. Palacios García fue extraditado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, junto con otras 28 personas requeridas por tribunales de ese país. Sánchez señaló que la situación jurídica posterior de Itiel “N” no modifica la legalidad de la resolución que ella emitió, pues su obligación era cumplir la sentencia de amparo vigente en ese momento. “Me negué a rendir cuentas sobre una resolución que era mi responsabilidad dictar y que finalmente el tribunal federal siempre avaló”, sostuvo. Aunque concluyó el procedimiento penal, Sánchez todavía enfrenta las consecuencias de expedientes administrativos abiertos por el Poder Judicial de Veracruz. Uno de los procedimientos sancionadores derivó de los mismos hechos utilizados por la Fiscalía para iniciar la causa penal relacionada con Itiel “N”. “Fueron exactamente las mismas razones por las que se abrió el procedimiento penal y, a la par, el procedimiento administrativo sancionador”, explicó. El Pleno del entonces Consejo de la Judicatura la inhabilitó durante cinco años, del 14 de marzo de 2024 al 13 de marzo de 2029. En el expediente 117/2023-II se concluyó que utilizó atribuciones de su cargo para intentar documentar hechos que, según la resolución administrativa, no ocurrieron. Sánchez impugnó esa determinación mediante juicios de amparo. Algunos recursos fueron rechazados, otros concedidos y varios, sostuvo, permanecen pendientes de resolución o de notificación. El segundo procedimiento se inició después de una revisión realizada en el juzgado de Cosamaloapan mientras ella se encontraba privada de la libertad en el penal de Pacho Viejo. De acuerdo con su versión, personal del Consejo de la Judicatura revisó los expedientes y le atribuyó omisiones relacionadas con asuntos tramitados fuera del periodo en que estuvo a cargo del órgano jurisdiccional. Inicialmente fue señalada por irregularidades en 98 expedientes. Al emitirse la resolución, las imputaciones se redujeron a nueve, las cuales también fueron impugnadas. “Me atribuyeron responsabilidades que no me correspondían porque no habían sido dictadas en mi tiempo”, sostuvo. Sánchez analiza con sus abogados si existen condiciones jurídicas para recuperar su carrera o participar en un proceso de elección judicial. Durante la entrevista calculó que podría postularse en la próxima selección si el plazo de la inhabilitación se computara desde 2023, cuando comenzaron los procedimientos. Su posibilidad de contender dependerá de la resolución de los amparos administrativos, de la vigencia de la inhabilitación y de las reglas aplicables al proceso electoral judicial correspondiente. Aunque no descartó regresar, afirmó que la edad, el tiempo fuera del servicio y las condiciones laborales reducen su interés. “¿Con qué ganas me agarran ahora, a mis 60 años, de volver a ser juez y andar rodando por los juzgados del Estado?”, cuestionó. La exjueza afirmó que también analiza su regreso a partir de las condiciones que, según dijo, enfrentan los juzgadores de Veracruz después de la reforma judicial. Sostuvo que funcionarios de áreas administrativas y jurídicas del Poder Judicial acuden personalmente a los juzgados para presionar a jueces y trabajadores, en lugar de comunicarse por teléfono, ante el riesgo de que las conversaciones sean grabadas. De acuerdo con su versión, parte del personal trabaja mediante contratos de tres meses y recibe advertencias de que no será renovado si emite resoluciones contrarias a los intereses de quienes administran el Poder Judicial. “Llegan al juzgado para estar amedrentando a los jueces, amenazándolos con quitarles el trabajo o con no renovarles el contrato”, acusó. “Ya no hay independencia judicial. Se perdió la plenitud de jurisdicción de la que gozaban los jueces y solamente quedó en el papel”, afirmó. La exjueza señaló que continuará denunciando presiones contra juzgadores y respaldando a integrantes de los poderes judiciales que, en su opinión, han sido procesados o sancionados por el contenido de sus resoluciones. Por ahora, dijo, su prioridad será concluir los litigios administrativos y determinar si presenta la reclamación patrimonial contra el Estado. “La acusación penal era la que más me importaba quitarme de encima. Ahora estoy valorando con mis abogados la vía para que el daño me sea resarcido”, concluyó.
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