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XALAPA.- Al aprobar una reforma que también cambia la selección de candidaturas, ordena contar los votos en las casillas y establece evaluaciones para jueces electos, el Congreso del Estado aplazó hasta junio de 2028 la renovación de las magistraturas y juzgados que quedaron fuera de la elección judicial de 2025. La modificación constitucional, impulsada por la diputada de MORENA Tanya Carola Viveros Cházaro, recibió 36 votos a favor y seis en contra, sin abstenciones, durante un periodo extraordinario de sesiones. Las personas electas rendirán protesta el 1 de septiembre de 2028 y permanecerán ocho años en el cargo, hasta el 31 de agosto de 2036. En el caso de dos magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, el periodo será de cinco años. La reforma también permite que las magistradas y magistrados cuyos nombramientos concluían en 2027 permanezcan en funciones hasta septiembre de 2028, cuando sean relevados por quienes resulten electos. La oposición sostuvo que el dictamen representa una corrección al modelo aplicado en 2025 y lo calificó como una reforma al fracaso de MORENA. En ese tenor, la diputada priista Ana Rosa Valdés Salazar lo definió como “la reforma de la reforma fallida”, mientras que María Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, afirmó que las modificaciones sucesivas evidencian problemas en el diseño. Héctor Yunes Landa, diputado independiente, cuestionó que las nuevas disposiciones garanticen la independencia del Poder Judicial, e Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN, advirtió que el partido mayoritario podría intervenir en la selección de aspirantes. En contraparte, la mayoría legislativa afirmó que los cambios incorporan la experiencia de la primera elección judicial y armonizan la Constitución de Veracruz con la reforma federal publicada el 2 de junio de 2026. “Este dictamen recoge lo aprendido en la primera elección judicial del año pasado y lo convierte en reglas más claras”, aseguró Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. A diferencia del proceso de 2025, el escrutinio y cómputo de los sufragios se realizará en las casillas donde sean emitidos y no en centros de conteo posteriores. La jornada judicial se desarrollará en los mismos lugares que las elecciones federales o locales de 2028, aunque las autoridades electorales deberán impedir la intervención de representantes de partidos políticos. El Organismo Público Local Electoral organizará el proceso, efectuará los cómputos, declarará su validez y entregará las constancias de mayoría. El Tribunal Electoral de Veracruz deberá resolver las impugnaciones antes de la toma de protesta. Las elecciones de integrantes de los tribunales Superior de Justicia, de Disciplina Judicial y de Conciliación y Arbitraje se realizarán en una sola circunscripción estatal. La votación para juezas y jueces de Primera Instancia también será estatal, pero las candidaturas y los sufragios se diferenciarán por especialidad. Cada uno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial podrá postular a dos personas por cada cargo. Una misma aspirante podrá ser propuesta por más de un Poder, siempre que compita por el mismo puesto. Los tres poderes deberán integrar comités de evaluación conformados por cinco especialistas en materia jurídica. Las personas que coordinen esos órganos formarán una comisión encargada de homologar requisitos, exámenes y metodologías. Cada comité seleccionará a las cuatro personas mejor evaluadas por cargo y realizará una insaculación pública para reducir la lista a dos candidaturas, bajo el principio de paridad de género. Las personas interesadas deberán cumplir los requisitos constitucionales y legales, presentar un ensayo sobre los motivos de su postulación y entregar cinco cartas que respalden su idoneidad. La reforma dispone que quienes ya ocupen un cargo judicial serán incluidos en los listados, salvo que declinen participar dentro de los 30 días posteriores a la convocatoria o busquen un puesto distinto. Quienes pretendan competir por otro cargo deberán presentar una renuncia expresa e irrevocable antes de registrarse. Otro cambio será la evaluación de juezas y jueces durante su primer año en funciones. El Tribunal de Disciplina Judicial revisará su desempeño y podrá coordinarse con la Escuela Judicial Veracruzana para aplicar programas de capacitación. Las leyes secundarias deberán definir los métodos, indicadores, medidas correctivas y sanciones aplicables cuando los resultados de las evaluaciones sean insatisfactorios. Luis Vicente Aguilar Castillo, de MORENA, defendió que el modelo pueda modificarse conforme se detecten aspectos por corregir. “¿Cuántas reformas más? Las que sean necesarias, porque la ley es perfectible y hay que adecuarla según se requiera”, aseguró. El decreto también establece que, cuando concluya en 2027 el periodo de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, el Pleno designará a una magistrada o magistrado para ocuparla hasta agosto de 2028. A partir de septiembre de ese año, la Presidencia corresponderá a la persona integrante del Tribunal Superior de Justicia que obtenga el mayor número de votos en la elección. El Congreso tendrá hasta el 31 de agosto de 2026 para aprobar las reformas a las leyes secundarias, mientras que el OPLE deberá ajustar sus reglamentos, boletas y procedimientos para organizar los comicios judiciales de 2028. Así las cosas.
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