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| Caso Wallace: suspenden a juez por obstaculizar derechos de Brenda Quevedo. | ||||||
| La suspensión del juez responde a la actuación omisa y contraria a la ley frente a situaciones críticas de salud y derechos humanos de Brenda, señala la defensa de Quevedo. | ||||||
| Viernes 24 de Julio de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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La decisión se da luego de que la defensa de Quevedo —articulada por la clínica de litigio penal del ITAM, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, la red de abogadas Digno Ochoa y la clínica de la Ibero Puebla— denunciara sistemáticamente la negativa del magistrado para garantizar atención médica urgente y permisos de carácter humanitario. Las razones de la sanción: Salud bloqueada y trato discrecional En entrevista para Animal Político, el abogado Alan Piñón, coordinador de la clínica de litigio penal del ITAM e integrante de la red de solidaridad que acompaña el caso, explicó que la suspensión del juez responde a la actuación omisa y contraria a la ley frente a situaciones críticas de salud y derechos humanos de Brenda. “El juez conoce de su causa, pero no ha facilitado los permisos para la atención médica desde esa ocasión… En un evento particular no autorizó su sanidad para la atención médica urgente, remitiéndola a un hospital general del sector público donde las citas de especialidad le fueron dadas hasta marzo de 2027”, detalló Alan Piñón sobre el cuadro hemorrágico por miomas que Brenda padeció en febrero de 2024 derivado de las secuelas de tortura. Piñón también señaló la indolencia del juzgador ante una solicitud de carácter humanitario presentada recientemente por el delicado estado de salud del padre de Brenda. Debido a la falta de celeridad del juez Rico Mondragón, el permiso no se tramitó a tiempo, lo que impidió que Brenda pudiera despedirse de su padre en estado consciente antes de ser intubado. En contraste, la red de solidaridad documentó un trato profundamente diferenciado en el Juzgado Primero de Distrito: mientras a Brenda Quevedo se le negaban sistemáticamente audiencias y permisos urgentes, el mismo juez concedió suspensiones de manera sumisa y exprés —el mismo día de la solicitud— en expedientes de alto perfil como el de Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados. Defensa busca cambio de medidas cautelares rumbo a la absolución Para la defensa, la suspensión de Carlos Alberto Rico Mondragón —quien ya enfrenta una investigación preliminar por parte del órgano de disciplina judicial— abre una ventana indispensable para modificar las condiciones de su reclusión domiciliaria, las cuales han representado una barrera física para su atención médica. “La ley marca que una vez presentada la solicitud de revisión de medidas cautelares, el juzgado tiene 48 horas para convocar a audiencia. Algo que ha sucedido con este juez es que nunca convocaba… Ahora, con el nuevo titular designado conforme a la ley, volveremos a solicitarlo y la próxima semana estaremos teniendo audiencia para revisar el arraigo domiciliario, el brazalete electrónico y el convoy de la Guardia Nacional”, señaló Alan Piñón. Asimismo, la defensa subraya que este cambio institucional debe enmarcarse en el precedente histórico sentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2025 dentro del mismo expediente (caso Juana Hilda), donde se reconoció la fabricación de pruebas mediante tortura. “Sostenemos que el caso es una fabricación, que ella es inocente, y en un segundo momento buscaremos las vías jurídicas para obtener una absolución lisa y llana, porque la evidencia que sustenta esta acusación fue obtenida mediante graves violaciones a derechos humanos”, enfatizó Piñón. El origen del caso y la tortura contra Brenda Quevedo El proceso que enfrenta Brenda Quevedo se remonta a julio de 2005 en la Ciudad de México, originado por la investigación en torno al secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda. A lo largo de casi dos décadas, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos sobre la legalidad de las indagatorias y la obtención de pruebas bajo tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ante estas violaciones graves a los derechos humanos, múltiples organismos nacionales e internacionales han emitido pronunciamientos e informes contundentes que desmontan la validez de las acusaciones: El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, a través de la opinión 45/2020, determinó que la privación de la libertad de Quevedo es arbitraria y está sustentada en violaciones graves al debido proceso y actos de tortura. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido formalmente el caso de manera preliminar al acreditar indicios sólidos de violaciones a los derechos humanos y tortura durante su retención y reclusión. En México, la SCJN y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han revisado y documentado las irregularidades y fabricación de pruebas en torno al caso del supuesto secuestro atribuido a Quevedo. Con la expectativa de que el próximo titular del juzgado sea designado bajo estrictos criterios de perspectiva de género y derechos humanos, la red de solidaridad confía en que este revés institucional contra un juez omiso marque el inicio del fin de casi dos décadas de injusticia. |
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