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XALAPA.- A fin de favorecer la inversión en infraestructura educativa mediante la reducción de las barreras administrativas que prevalecieron durante años, la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXVII Legislatura del Estado declaró procedente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Artículo 35 Bis a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas y un tercer párrafo al Artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas, ambas del estado de Veracruz, propuesta por la gobernadora Rocío Nahle García. Los legisladores integrantes de la mencionada comisión, Miguel Guillermo Pintos Guillén, presidente; Felipe Pineda Barradas, secretario; y Bertha Rosalía Ahued Malpica, Ana Rosa Valdés Salazar, Liud Herrera Félix, Tania María Cruz Mejía, Citlali Medellín Careaga, Paul Martínez Marie, Ramón Díaz Ávila y Adrián Sigfrido Ávila Estrada, vocales, analizaron el contenido de la propuesta y signaron a favor el dictamen correspondiente. Previamente, Pintos Guillén dio lectura a una ficha ejecutiva, de la cual precisó que la iniciativa de la mandataria estatal tiene como finalidad fortalecer la garantía del derecho humano a la educación mediante la eliminación de obstáculos administrativos que limitan la inversión pública en infraestructura educativa. Agregó que el propósito es armonizar la obligación constitucional del Estado de proporcionar espacios escolares dignos bajo los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas que rigen la aplicación de los recursos públicos. Del mismo modo, indicó que la propuesta parte del reconocimiento de que persisten importantes rezagos en infraestructura escolar y que, de acuerdo con información oficial citada en la exposición de motivos, miles de planteles del país aún carecen de servicios básicos, “situación que afecta particularmente a entidades como Veracruz, ya que estas carencias inciden directamente en las condiciones de enseñanza y constituyen uno de los múltiples factores que contribuyen al abandono escolar”. El diputado local destacó que la Iniciativa establece un mecanismo jurídico que permite continuar fortaleciendo la infraestructura educativa sin menoscabo de los procesos de fiscalización. “Consiste en reconocer, para efectos específicos de la ejecución y revisión de obras públicas, una constancia expedida por la Secretaría de Educación de Veracruz que acredite el reconocimiento oficial del plantel y su matrícula escolar cuando no exista, de manera temporal, el documento que demuestre la propiedad del inmueble”. Por último, aclaró que esta medida no sustituye ni elimina la obligación de regularizar jurídicamente los bienes inmuebles destinados a la educación, sino que evita que dicha circunstancia impida la realización de obras indispensables para garantizar condiciones adecuadas de enseñanza. “Se busca equilibrar la correcta aplicación de los recursos públicos con la necesidad de atender oportunamente las demandas de infraestructura educativa”, aseguró. De acuerdo con el procedimiento legislativo, la Comisión remitirá el Dictamen a la Presidencia y a la Secretaría General del Congreso, para su consideración y posible enlistado en el Orden del Día de alguna sesión del Pleno. Así las cosas.
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