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| Hija de Ernesto Ruffo acude a embajada de EU para pedir protección. | ||||||
| Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California detenido por presunto huachicoleo, denunció ser víctima de hostigamiento y pidió el apoyo de las autoridades de Estados Unidos. | ||||||
| Mircoles 22 de Julio de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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A través de redes sociales, el partido Somos México, del que Ruffo Appel es colaborador, publicó que en su calidad de ciudadana norteamericana, Verónica Ruffo pidió apoyo y denunció ser víctima de hostigamiento por el caso de su padre. Asimismo, consideró que el exgobernador es un preso político del gobierno encabezado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, a quien responsabilizó por la salud e integridad de su papá. “La tarde de este miércoles, Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo Appel y ciudadana norteamericana acudió a la Embajada de EUA en la Ciudad de México para solicitar apoyo y protección por el hostigamiento del que ha sido víctima estos últimos días en la defensa de su padre, preso político del Gobierno de México que encabeza Claudia Sheinbaum y a quien responsabiliza de la salud y la integridad de su padre”.
El pasado 18 de julio, Verónica Ruffo aseguró que la detención de su padre representa un trato “indigno y humillante” y exigió que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio basado en pruebas. A través de un mensaje difundido públicamente, afirmó que habla en nombre de su familia porque “el silencio no es una opción” y señaló que el exmandatario fue detenido el jueves en Ensenada para posteriormente ser trasladado a un centro de reclusión ubicado a más de dos mil kilómetros de su domicilio. “Está privado de su libertad antes de que un juez haya valorado una sola prueba en su contra”, sostuvo. Verónica Ruffo destacó que su padre, de 74 años, ha llevado una vida modesta y recordó su trayectoria de más de cuatro décadas en el servicio público. Subrayó que fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México y aseguró que, durante casi 50 años de vida pública, “jamás ha tenido un señalamiento en su contra”. “Esa es la persona que hoy recibe un trato indigno y humillante, sin poder siquiera hablar con su familia”, expresó. Asimismo, afirmó que Ruffo Appel nunca intentó evadir a las autoridades y que siempre estuvo dispuesto a atender los señalamientos en su contra. La hija del exmandatario sostuvo que su familia confía en las instituciones, pero demandó que se respeten las garantías constitucionales. Las investigaciones contra Ernesto Ruffo Appel La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas y bajo proceso penal diversas líneas de investigación en contra de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y primer mandatario estatal de oposición en la historia moderna de México. Al exfuncionario de 74 años de edad, junto con presuntos socios, se le imputa la presunta comisión de delincuencia organizada y contrabando, derivado de una red masiva de tráfico e importación irregular de combustible conocida como huachicol fiscal. Las indagatorias judiciales se detonaron a partir de una inspección federal realizada en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. Un operativo conjunto entre la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) derivó en el aseguramiento de 33 ferrotanques cargados con hidrocarburo sin la documentación legal correspondiente. A partir de este aseguramiento, los trabajos de inteligencia corporativa, financiera y de aduanas permitieron rastrear la ruta completa del hidrocarburo, identificando a la empresa Ingemar, S.A. de C.V. —vinculada a Ruffo Appel como accionista mayoritario— como una de las operadoras clave de la red. De acuerdo con el expediente de la FGR, el esquema operaba bajo un patrón sistemático de subreporte e importación simulada desde Estados Unidos. El combustible ingresaba a territorio nacional declarando apenas el 10% del volumen real transportado en cada vagón de ferrocarril (o bien, clasificándolo falsamente como derivados químicos) para evadir o reducir sustancialmente el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La red contaba con la presunta colaboración de agencias aduanales y personal autorizado en puntos fronterizos para eludir las revisiones de ley. Tras ingresar por ferrocarril, el hidrocarburo era transferido a pipas y tractocamiones de al menos 17 empresas para comercializarse de manera ilícita en varios estados, entre ellos Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. De acuerdo con las estimaciones presentadas por la representación social federal, el impacto total al erario por este fraude supera los 4,000 millones de pesos. Hasta el momento, las autoridades han liberado 25 órdenes de aprehensión dirigidas a operadores logísticos, socios comerciales y agentes aduanales vinculados con la firma. Tras su detención e ingreso al sistema judicial, el exgobernador fue puesto a disposición de un juez de control federal y se le dictó prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras se define su situación legal. |
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