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| “Ruffo, Texas y la hidra del huachicol: lo que falta del otro lado de la frontera”. | ||||||
| La captura de Ruffo acapara los titulares por su peso político, pero mirarlo como la cabeza principal de la hidra sería un error de diagnóstico: en este engranaje de corrupción y contrabando, él es una pieza remplazable. | ||||||
| Mircoles 22 de Julio de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Por un lado, la captura envía la señal de que los lazos políticos del pasado ya no garantizan inmunidad frente a delitos de delincuencia organizada y, por otro, no menos importante, presiona éticamente a las autoridades estadunidenses para que procedan y clausuren las empresas texanas que abastecen el contrabando de combustible en México. Aquí la clave, o al menos una de ellas, es Ingemar, empresa de la que es socio el ex gobernador Ruffo, señalada en el megadecomiso de 15 millones de litros de combustible en Coahuila, y parte de una investigación con órdenes de aprehensión contra aduaneros, militares y empresarios. La captura de Ruffo acapara los titulares por su peso político, pero mirarlo como la cabeza principal de la hidra sería un error de diagnóstico: en este engranaje de corrupción y contrabando, él es una pieza remplazable. Para mover volúmenes de hidrocarburo ilegal de tal magnitud a través de las fronteras se requiere una maquinaria por demás sofisticada. No basta con la audacia de un viejo político casi en el retiro, o de la ambición de un puñado de empresarios en el corredor industrial de Saltillo. Este esquema necesitó de la colusión de aduanas, de la falsificación de pedimentos para hacer pasar gasolina por simples “lubricantes”, y del suministro cómplice de empresas estadounidenses que operan bajo el cobijo de la legalidad texana. Por ello, lo relevante ahora no es sólo el arresto de Ernesto Ruffo en sí, sino lo que venga después. El ex gobernador es sólo una pieza de muchas en este entramado criminal con tentáculos en México y Estados Unidos. En México se investiga y limpia a las estructuras portuarias y aduaneras que permitieron que este fraude fiscal operara durante años. Falta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros de ese país procedan penalmente y de forma simultánea en contra de las empresas texanas involucradas en este entramado criminal transnacional. La composición societaria importa tanto como el delito mismo. Ernesto Ruffo Appel llegó a Ingemar como socio en 2021, incorporado por el empresario José Merino Valdés Cuervo —detenido también el pasado 16 de julio—, en sociedad con la comercializadora estadounidense Belar Fuels Company. Es decir, capital político, capital empresarial nacional y un socio extranjero, todos operando juntos para falsificar pedimentos de importación y subdeclarar volúmenes de combustible ilegal. El caso Ruffo deja de ser un asunto exclusivamente mexicano en cuanto se examina de dónde salía el combustible ilegal,Texas. Belar Fuels Company, con sede en Corpus Christi, era el principal proveedor de Ingemar y facilitaba el ingreso del hidrocarburo; Lambrucar, con sede en Houston y sucursales en varios estados mexicanos, apareció sellada directamente en los ferrotanques decomisados por autoridades mexicanas. El propio Departamento de Justicia estadounidense reconoció que investiga el papel de estas empresas en el transporte del combustible, y llegó a describir a Texas no como un simple productor, sino como el punto donde el crudo robado en México se lava, se legaliza y se redistribuye. México puede detener gobernadores y confiscar ferrotanques, pero mientras el origen del fraude no se toque con el mismo rigor, la red seguirá teniendo un proveedor dispuesto del otro lado de la frontera. El ingreso ilegal de hidrocarburos a México desde Estados Unidos no podría explicarse sin la colusión y participación activa de compañías operando desde el otro lado de la frontera. La confirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum de que hay empresarios de Estados Unidos bajo investigación en la FGR es un paso importante, ahora la pregunta pendiente es si el Departamento de Justicia estadounidense actuará con la misma determinación que sus contrapartes mexicanas, o si el caso quedará, una vez más, resuelto sólo de un lado del Río Bravo, el nuestro. |
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