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.Europa Press
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Madrid.- El futuro judicial del ex presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se complica. Julio Martínez Martínez, a quien la investigación policial sitúa como el presunto “prestanombres” o “testaferro” del político español decidió declarar ante el juez instructor de la causa, José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, y señalar al ex mandatario como el principal beneficiario y responsable de una presunta trama de tráfico de influencias y corrupción, en la que se valía de sus relaciones políticas para sacar adelante proyectos financiados con dinero público o rescates a empresas en riesgo, como ocurrió con la aerolínea Plus Ultra, que fue beneficiaria de un fondo de 53 millones de euros durante los años de la pandemia del covid-19.
Julio Martínez es el nombre que aparece como el gestor y responsable de la empresa “Análisis Relevante”, que es a su vez una de las que más dinero pagó a Rodríguez Zapatero en el pasado por sus supuestos trabajos de “asesoría”. Pero la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le sitúa como un mero “prestanombres” que utilizaba Rodríguez Zapatero para inhibir su nombre de las operaciones delicadas en las que había dinero público de por medio. Y esta misma hipótesis, que hasta ahora sólo mantenían la policía y el auto de imputación del juez, fue ratificada en la sede judicial por el propio Julio Martínez, quien declaró durante más de tres horas en la que respondió a las preguntas del propio magistrado, de la fiscal Anticorrupción Elena Lorente y de su abogada defensora María Dolores Márquez de Prado.
Una de las principales pruebas que hay en contra del ex presidente es que, según la versión de Martínez, el propio Rodríguez Zapatero le informó el 26 de febrero de 2021 que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que depende del ministerio de Hacienda y del Ejecutivo español, presidido por el también socialista Pedro Sánchez, había decidido conceder el rescate de 53 millones de euros (mil 100 millones de pesos) a la aerolínea Plus Ultra. La concesión del fondo de crédito se aprobó finalmente varios días después en Consejo de Ministros, en concreto, el 9 de marzo de 2021. Y que la comisión que cobraron por su labor de intermediación fue el uno por ciento, es decir, 530 mil euros (11 millones de pesos).
Además, detalló que los pagos de la supuesta “mordida” se distribuyeron entre distintas sociedades, en concreto se abonaron 249 mil euros a Análisis Relevante, 98 mil 617 euros a la mercantil Voli Analítica SL y 110 mil 799 a IOT Domotic Europe SL.
El gobierno español señaló a través de la vocera del Ejecutivo, Elma Saiz, que tanto el rescate de la aerolínea como toda la operación de ayuda pública a las empresas señaladas en la instrucción se había hecho cumpliendo estrictamente la ley y superando todos los controles administrativos tanto españoles como europeos. Además, ratificó su “confianza plena en el presidente Rodríguez Zapatero y en la presunción de inocencia”.
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