De Veracruz al mundo
Panistas exigen liberación de Ernesto Ruffo frente a la FGR en Tijuana; protesta reúne a legisladores.
El diputado federal, Cesar Damián Retes, el senador, José Máximo García López y diversos regidores, acompañaron al grupo de ciudadanos, en su mayoría personas de la tercera edad, que se manifestaron para exigir la liberación del ex mandatario estatal.
Lunes 20 de Julio de 2026
Por: La Jornada
Foto: La Jornada
Ciudad de México.- Alrededor de 100 personas, incluidos la mayoría de los representantes populares que aún conserva Acción Nacional en Baja California se reunieron la tarde de este lunes a las afueras de las oficinas en Tijuana de la Fiscalía General de la República para exigir la liberación de Ernesto Ruffo Appel.

El diputado federal, Cesar Damián Retes, el senador, José Máximo García López y diversos regidores, acompañaron al grupo de ciudadanos, en su mayoría personas de la tercera edad, que se manifestaron para exigir la liberación del ex mandatario estatal.

En una movilización que sorprendió por la escasa participación —un policía municipal dijo que quizá pudo alcanzar las 300 personas, pero no
mas— hubo gritos de "piso parejo" y señalamientos como "en estos días fue Ernesto Ruffo, pero después no sabemos quien más va a ser, esto es muestra de un estado autoritario en donde no están dispuestos a tolerar a quien piense distinto" aseguró Damián Retes.

Cerrando la calle a las afueras de la FGR, los asistentes recolectaron firmas, pegaron estampas y compartieron cartulinas pidiendo "Libertad a Ruffo" o "Piso Parejo", entre otros eslogans.

Entre los asistentes también estuvieron figuras de la época en que Ruffo Appel fue un jugador central de Acción Nacional en el estado como Héctor Osuna Jaime, ex alcalde de Tijuana y José Guadalupe Osuna Millán, otro ex gobernador del blanquiazul.

Por su parte un grupo de ciudadanos presentó una denuncia penal en contra de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en relación con sus audios filtrados, acusándola de comprometer información de seguridad de Baja California ante las autoridades estadunidenses para su beneficio propio.

El principal cuestionamiento fue a la actitud del gobierno federal frente a dos situaciones: el rechazo a investigar a los gobernadores de Sinaloa y Baja California —Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar Ávila— por presuntos nexos con grupos del crimen organizado y la detención de Ruffo.

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