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| ONGs exigen liberación de Jesús Plácido Galindo tras su traslado a penal federal. | ||||||
| El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Serapaz, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes" (Red TDT), entre otras organizaciones, demandaron además que el Estado otorgue medidas de protección para él y su familia, y reconozca su labor como defensor de los derechos de las comunidades indígenas y de su territorio. | ||||||
| Lunes 20 de Julio de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Serapaz, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes" (Red TDT), entre otras organizaciones, demandaron además que el Estado otorgue medidas de protección para él y su familia, y reconozca su labor como defensor de los derechos de las comunidades indígenas y de su territorio. Señalaron que Plácido Galindo fue detenido el pasado viernes en un retén militar instalado en el municipio de San Marcos, Guerrero, donde —afirmaron— permaneció incomunicado y las autoridades se negaron a informar a sus familiares sobre su paradero. Posteriormente fue trasladado al penal federal de máxima seguridad de Almoloya, en el Estado de México, y aunque se le acusa de un delito del fuero común, calificaron como "injustificable" la decisión de enviarlo a ese centro penitenciario, ya que esta medida lo aleja de su familia y de su defensa legal, además de limitar sus posibilidades de acceder a un debido proceso. Plácido Galindo es originario de la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, y su caso “muestra el rechazo del gobierno a la posibilidad de que los pueblos indígenas ejerzan su autonomía y reclamen sus derechos”, acusaron. Las organizaciones, integrantes del Espacio OSC, indicaron además que el defensor es beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, acusaron que “los tres órdenes de gobierno” han criminalizado al defensor debido a las denuncias que ha realizado sobre la presunta colusión de funcionarios con una organización criminal que opera en Guerrero, la cual, afirmaron, en mayo pasado atacó a la población indígena “con armas de alto calibre y drones con explosivos”, desplazando a alrededor de 2 mil personas. Como antecedente de esta presunta persecución, señalaron que a principios de julio de este año la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del también campesino. “Esto no fue más que una estratagema para tratar de hacerlo pasar por una persona con actividades delictivas. En realidad, el congelamiento de cuentas resulta ridículo cuando se da a conocer que Jesús tenía 280 pesos en su tarjeta de débito”, reprocharon. |
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