De Veracruz al mundo
Caso Agronitrogenados: FGR congeló la investigación contra Gilda Lozoya.
La inactividad de la Fiscalía en uno de los expedientes de corrupción más emblemáticos de Pemex fue el argumento clave para que una jueza negara la prisión preventiva a la hermana de Emilio Lozoya.
Lunes 13 de Julio de 2026
Por: animalpolitico.com
Foto: Cuartoscuro .
Ciudad de México.- Durante más de tres años, la Fiscalía General de la República (FGR) mantuvo congelada la investigación por el caso Agronitrogenados, en contra de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), a pesar de ser uno de los expedientes más emblemáticos de corrupción en el país.

Esta inactividad por parte del Ministerio Público fue uno de los argumentos centrales para que la jueza federal Nora Ileana García Peralta le negara a la FGR su petición de mantener a Gilda Susana Lozoya Austin bajo la medida de prisión preventiva justificada.


Fallas en el argumento de riesgo de fuga
Durante la audiencia celebrada la semana pasada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, los fiscales federales intentaron probar que Gilda Lozoya Austin representaba un alto riesgo de fuga. Para sostener su argumento, afirmaron haberla buscado sin éxito en cinco domicilios distintos ubicados en diversas colonias de la Ciudad de México.


Sin embargo, el argumento de la fiscalía perdió fuerza cuando la defensa expuso las fechas de dichas búsquedas. La orden de aprehensión contra Gilda Lozoya fue girada el 23 de junio de 2023, pero las inspecciones policiales presentadas como prueba por la FGR fueron realizadas en los primeros días de julio.

Ante esta revelación, la jueza García Peralta cuestionó la falta de trabajo reciente por parte de las autoridades investigadoras: “Ya han pasado tres años y no he visto que se hayan realizado diligencias recientes, porque las mismas diligencias son de 2023, cuando se giró la orden de aprehensión; es decir, tampoco existen recientes”.


El llamado de atención fue a más. La jueza determinó que la inacción del Estado no podía ser utilizada en contra de la acusada para privarla de su libertad.

“Sí me llama la atención, porque esta falta de actualización durante más de tres años no me da para decir que existe un peligro de sustracción de la justicia”, sentenció García Peralta, ratificando así la libertad con restricciones en contra de Gilda Lozoya.

De acuerdo con los registros expuestos en el proceso, la FGR incluso carecía de un análisis de riesgo procesal actualizado.


Antecedentes y contexto del caso
La reactivación del caso ocurrió apenas el 24 de junio de 2026, aproximadamente a las 23:20 horas, cuando la agente del Ministerio Público encargada de dar cumplimiento a la orden de aprehensión contra Gilda Lozoya recibió una comunicación del Instituto Nacional de Migración (INM), perteneciente a la Secretaría de Gobernación (Segob). En ella se le informaba que la imputada abordó un vuelo con destino a París, Francia, y se solicitaba saber si había alguna orden de aprehensión vigente.


Hasta que supo que Gilda Lozoya estaba en la lista de abordaje, la FGR solicitó la activación de una ficha roja de la Interpol, con el objetivo de que las policías de los 196 países miembros la localizaran y detuvieran provisionalmente.

Sin embargo, la detuvieron hasta el 1 de julio de 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando Gilda Lozoya regresó de su viaje.


El revés para la Fiscalía se concretó cuando la jueza valoró que, lejos de esconderse, Lozoya Austin había viajado al extranjero y regresado a México de manera voluntaria, utilizando los controles migratorios y sus documentos oficiales, como su pasaporte e INE.

Incluso, se valoró que Gilda Lozoya lleva viviendo años en la misma casa que su padre, Emilio Lozoya Thalmann, y su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, quien desde hace años se encuentra en prisión domiciliaria por este mismo caso y cuenta con vigilancia policial las 24 horas del día.

Por estas razones, la impartidora de justicia dictó a Gilda Susana Lozoya Austin libertad provisional y ordenó el uso de un brazalete electrónico, dejando en evidencia la inactividad de la FGR durante más de 36 meses en este caso.


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