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XALAPA.- Además de representar una restricción al derecho de acceso a la información pública, la decisión de excluir a un periodista del grupo oficial de WhatsApp mediante el cual el Ayuntamiento de RÃo Blanco difunde información institucional, es un acto de discriminación que ha desatado el enojo entre integrantes del gremio, al considerar que este tipo de acciones dan un trato desigual hacia los medios de comunicación. De acuerdo con una denuncia pública, la administración municipal habrÃa retirado al comunicador del canal oficial bajo el argumento de que el medio para el que labora no publicaba los boletines emitidos por el Ayuntamiento, privilegiando una lÃnea informativa propia e independiente. La medida resulta especialmente delicada debido a que ese grupo constituye el principal y único mecanismo de distribución de información oficial para la prensa, por lo que condicionar el acceso a información pública con base en la cobertura editorial de un medio vulnera principios fundamentales de libertad de expresión, libertad de prensa y derecho de acceso a la información, protegidos por los artÃculos 6 y 7 de la Constitución PolÃtica de los Estados Unidos Mexicanos. Los comunicadores consideraron que la relación entre las autoridades y los medios de comunicación no puede estar sujeta a criterios de afinidad editorial ni al nivel de difusión que se otorgue a los boletines institucionales. El acceso a la información pública debe garantizarse en condiciones de igualdad para todos los representantes de los medios, independientemente de su lÃnea informativa o postura crÃtica frente a la administración, señalaron. En ese tenor, especialistas en derecho y transparencia coinciden en que, aunque una acción de esta naturaleza no configura por sà misma un delito, sà puede derivar en responsabilidades administrativas e incluso constituir una vulneración a derechos humanos si se acredita que existió un acto discriminatorio o una limitación injustificada al ejercicio periodÃstico. De igual forma, advierten que utilizar los canales oficiales de comunicación como mecanismo de presión para incentivar la publicación de contenido institucional o excluir a quienes ejercen un periodismo independiente contraviene los principios de pluralidad, máxima publicidad y transparencia que deben regir el actuar de cualquier autoridad. Ante una situación de este tipo, la legislación contempla la posibilidad de solicitar una explicación formal sobre la exclusión, exigir que la información institucional continúe proporcionándose por vÃas oficiales y, de ser necesario, promover quejas ante las instancias competentes en materia de derechos humanos y transparencia. Hasta el momento el Ayuntamiento de RÃo Blanco y el alcalde José Antonio May no han emitido un posicionamiento público para explicar las razones de la exclusión denunciada ni para aclarar si todos los medios continúan teniendo acceso en igualdad de condiciones a la información oficial. Asà las cosas.
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