De Veracruz al mundo
Propone diputada local del PRI verificar el correcto uso de los recursos públicos en los municipios a través de interventores .
El Congreso del Estado o la Diputación Permanente podrán ordenar acciones de fiscalización e investigación con el objeto de examinar la contabilidad, verificar las entradas y salidas de los fondos, vigilar, evaluar y auditar los servicios públicos que presten los Ayuntamientos.
Martes 23 de Junio de 2026
Por: REDACCION GOBERNANTES
Foto: .
XALAPA.- A fin de verificar el correcto uso de los recursos públicos en los municipios, la diputada local del PRI, Ana Rosa Valdés Salazar, propuso que el Congreso del Estado pueda enviar interventores a los ayuntamientos. En ese tenor, planteó una reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre y a la Ley de Fiscalización para el Estado de Veracruz, a fin de poder practicar, por instrucciones del Secretario General, previo acuerdo del Congreso o de la Diputación Permanente, auditorías a los ayuntamientos, o designarles interventores, sin que en ningún caso estas acciones de fiscalización e investigación puedan prolongarse por más de ciento ochenta días naturales. El Congreso del Estado o la Diputación Permanente podrán ordenar acciones de fiscalización e investigación con el objeto de examinar la contabilidad, verificar las entradas y salidas de los fondos, vigilar, evaluar y auditar los servicios públicos que presten los Ayuntamientos. Se precisó que enviar interventores a los ayuntamientos, a fin de supervisar y evaluar que el gasto programado cumpla con los objetivos establecidos dentro de los criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia, mediante la revisión de los estados financieros y, en su caso, la cuenta pública documentada. Consideró que es necesario acotar la discrecionalidad de la autoridad al ejecutar la fiscalización, para evitar actos que resulten inconstitucionales, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios sobre la libre administración de la hacienda municipal. De igual forma, destacó la necesidad de impedir órdenes de intervención directa mediante un acuerdo, precisando cuáles serán los actos que se podrán o no llevar a cabo por el interventor designado, para evitar caer en el error de establecer como actos de administración los que pudiera realizar éste.

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