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| Inhabilitan a dos exmandos de la Policía Federal hasta por 20 años por desvío de recursos; les imponen sanciones por 65 mdd. | ||||||
| La Secretaría Anticorrupción informó que investigaciones de la Unidad de Combate a la Impunidad acreditaron faltas administrativas graves de exmandos de la extinta Policía Federal, vinculadas con el desvío de más de 65 millones de dólares en un contrato firmado en 2015 con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD. | ||||||
| Martes 19 de Mayo de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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A través de un comunicado, la Secretaría Anticorrupción detalló que las investigaciones de la Unidad de Combate a la Impunidad permitieron acreditar faltas administrativas graves cometidas por los exmandos de la extinta Policía Federal, relacionadas con el desvío de más de 65 millones de dólares destinados a obligaciones derivadas de un contrato firmado en diciembre de 2015 con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD. La dependencia precisó que el pago fue desviado de su destino contractual, lo que motivó la intervención de autoridades administrativas y la imposición de sanciones por parte del tribunal. El documento también señala que los hechos fueron denunciados penalmente y que actualmente se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República. En agosto de 2020 se liberaron órdenes de aprehensión contra 19 exfuncionarios de la entonces Policía Federal por presuntos desvíos de recursos por 2 mil 500 millones de pesos, entre ellos Frida Martínez Zamora. En esa investigación se señalaba la existencia de una presunta red de desvíos de recursos públicos mediante compras con sobreprecio y simulación de adquisiciones de bienes y servicios, particularmente en áreas vinculadas a seguridad e inteligencia. La red de desvíos involucraba la compra de aeronaves, helicópteros y patrullas con sobreprecios, así como mecanismos de simulación en la adquisición de estos bienes. También, según un informe institucional, se habían detectado irregularidades en procesos de adquisición que fueron notificadas a instancias de control interno. En junio de 2022, la Auditoría Superior de la Federación informó sobre la presentación de una denuncia por el presunto desvío de 807 millones de pesos en la compra de software realizada por la Policía Federal. En ese contexto, se documentó que la causa estaba vinculada a revisiones de contratos y pagos de servicios tecnológicos, y se retomó la situación jurídica de Frida Martínez Zamora en el marco de los juicios de amparo promovidos para controvertir la orden de aprehensión derivada de la causa penal 239/2020. En dicha causa, la FGR señaló que Frida Martínez Zamora habría recibido 147 cheques por mil 764 millones 956 mil 64 pesos con cargo a la partida “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, dentro del esquema investigado por desvío de recursos en la corporación. También se indicó que la entonces funcionaria promovió un juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión emitida en agosto de 2020, dentro del mismo proceso en el que se le atribuyeron presuntas responsabilidades. En el desarrollo del caso, el entonces juez de distrito concedió inicialmente una suspensión que evitaba la ejecución de la orden de captura, lo que derivó en litigios posteriores dentro del juicio de amparo promovido por Martínez Zamora. Posteriormente, una resolución judicial de 2021 modificó el sentido de la suspensión y abrió la posibilidad de que la autoridad responsable emitiera una nueva determinación. En el 2024, se difundieron señalamientos sobre presuntas presiones a juzgadores en la tramitación de amparos relacionados con el caso, en los que se mencionó al exministro Arturo Zaldívar y a su entonces colaborador Carlos Alpízar. De acuerdo con la denuncia presentada por el magistrado Alberto Roldán Olvera, ambos habrían intervenido en el proceso de resolución de asuntos vinculados al amparo promovido por Frida Martínez Zamora, con el propósito de influir en criterios judiciales durante la tramitación del expediente. El relato del magistrado refiere que dichas presiones habrían ocurrido entre 2020 y 2021, periodo en el que se analizaban los recursos judiciales relacionados con la orden de aprehensión. En ese mismo contexto se menciona la realización de reuniones y comunicaciones en el Consejo de la Judicatura Federal en torno a la resolución de los amparos. Frida Martínez Zamora se encuentra actualmente prófuga de la justicia y cuenta con una ficha roja emitida por la Interpol para su localización y detención. |
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