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Vinculan a proceso a ex gobernador de Colima y a su ex secretario de Finanzas, por peculado.
Un juez penal de Colima encontró evidencias suficientes para sujetar a proceso a los imputados; ordenó que ambos sigan el proceso en libertad y les dio un plazo de hasta cinco meses para la investigación complementaria, periodo en el que podrán presentar pruebas en su defensa.
Viernes 08 de Mayo de 2026
Por: La Jornada
Foto: La Jornada
Manzanillo, Col.- El ex gobernador priísta Ignacio Peralta Sánchez (2016-2021), así como su ex secretario de Finanzas, Carlos Noriega García, fueron vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones.

Un juez penal de Colima encontró evidencias suficientes para sujetar a proceso a los imputados; ordenó que ambos sigan el proceso en libertad y les dio un plazo de hasta cinco meses para la investigación complementaria, periodo en el que podrán presentar pruebas en su defensa.

Entrevistado al respecto, Peralta Sánchez señaló que esta situación era algo “que se esperaba”, pero aseguró que aportará evidencias de que ejerció su cargo al frente del Ejecutivo estatal conforme a la ley.

A su vez, Noriega García, ex secretario de Planeación y Finanzas, quien también estuvo en el juzgado, se negó a ofrecer declaraciones a los medios de comunicación.

Carlos Noriega se encuentra inhabilitado por cinco años para ocupar cargos públicos estatales, acusado de desviar 70 millones de pesos del Instituto Estatal de Pensiones.

El Poder Ejecutivo de Colima, que encabeza la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, interpuso varias denuncias contra Peralta Sánchez y Noriega García, derivadas de una fiscalización a sus gestiones.

Entre esas imputaciones destaca el desvío de casi 100 millones de pesos para la construcción del edificio del Centro de Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia del Estado (C5i) y la remodelación del palacio de gobierno.

Para ambas obras, la administración de Ignacio Peralta se endeudó por más de 500 millones de pesos, pero en auditorías sólo se encontró indicio del uso de 400 millones, por lo que se les hizo una observación que los implicados no pudieron solventar.

Además, encontró en auditorías evidencias sobre el pago de asesorías inexistentes en 2018, cuando la gestión del priísta pagó 97 millones de pesos a una empresa, luego de que en el año previo sólo erogó alrededor de un millón de pesos por el mismo concepto.

También hay una denuncia penal contra el ex mandatario, porque en julio de 2021 ordenó pagar casi mil millones de pesos a bancos por un empréstito a corto plazo y anunció la suspensión del pago de nómina a más de 5 mil trabajadores públicos.

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