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XALAPA.- Aunque hace más de un año que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la actualización profunda del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, colectivos de búsqueda acusaron que la promesa no se ha cumplido y denunciaron falta de resultados y transparencia en torno a las cifras oficiales de personas desaparecidas. En ese tenor, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, directora y fundadora del colectivo Solecito de Veracruz, afirmó que la actualización de la base de datos no representa una concesión del gobierno, sino una obligación legal que, sostiene, las autoridades han incumplido durante años. Recordó que la mandataria federal anunció en una conferencia matutina que se llevaría a cabo una revisión y reestructuración del RNPDNO, con el objetivo de depurar la información y presentar cifras “reales” antes de concluir el año. Sin embargo, afirmó que hasta ahora no existe un nuevo registro ni avances visibles, situación que ha generado molestia entre las familias buscadoras. La propuesta oficial planteaba clasificar los casos para distinguir entre personas desaparecidas, no localizadas, localizadas con o sin vida, así como ausencias voluntarias, bajo el criterio de que únicamente se consideraría como desaparecida a una persona cuando exista una carpeta de investigación. No obstante, para las familias esta postura resulta problemática en un contexto donde persiste la desconfianza hacia las fiscalías. Díaz Genao señaló que la exigencia de contar con un banco de datos confiable no es nueva y recordó que diversas disposiciones contempladas en la ley de desaparición forzada continúan sin cumplirse. “Esto se viene dando eternamente. Llevo más de 13 años en esto y año tras año vemos lo mismo. Las cosas están en la ley, pero no se cumplen, como también pasa con la digitalización de expedientes”, aseguró. La activista consideró que la falta de información clara sobre personas desaparecidas responde también a que las cifras reales afectarían la imagen de las autoridades, por lo que las familias continúan realizando labores de búsqueda sin contar con datos precisos. De igual forma, Díaz Genao cuestionó la decisión del gobierno federal de basar el nuevo censo únicamente en denuncias que cuenten con una carpeta de investigación, al considerar que esto representa una revictimización para las familias. “Eso es muy injusto, porque la persona desaparece y muchas veces la familia tiene miedo de denunciar”, explicó. La activista refirió que en diversos casos existe temor de acudir ante las autoridades debido a presuntas colusiones entre funcionarios y grupos delictivos, además de que muchas personas no cuentan con recursos para trasladarse a un Ministerio Público y formalizar la denuncia. Incluso, denunció que en ocasiones los familiares acuden a presentar la denuncia y las autoridades no la registran formalmente, generando una falsa percepción de que el caso ya está integrado en el sistema. De acuerdo con la experiencia del colectivo, aproximadamente la mitad de los casos de desaparición no llegan a denunciarse formalmente, lo que provoca que miles de personas no aparezcan en los registros oficiales, pese a que sus familias continúan buscándolas.
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