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| Detienen a cuatro policías municipales de Yucatán que estaban cobrando 'derecho de piso' . | ||||||
| Cuatro policías municipales de Conkal, Yucatán, incluido un comandante, fueron detenidos por presunta extorsión y cobro de derecho de piso, en un operativo de la PEI. | ||||||
| Domingo 15 de Marzo de 2026 | ||||||
| Por: Excelsior | ||||||
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La captura se realizó durante un operativo desplegado tras reportes de narcomenudeo y robo de motocicletas en la zona. De acuerdo con el informe, los agentes estatales detectaron a los policías municipales llegando al sitio señalado en una unidad oficial. Posteriormente, fueron sorprendidos en flagrancia cobrando “derecho de piso” a un grupo de personas identificadas como presuntos tiradores de droga y ladrones de motocicletas. Los cuatro agentes municipales fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las diligencias legales correspondientes. ¿Qué es la extorsión? La extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona, mediante amenazas o violencia, a entregar dinero, bienes o favores. Se trata de una práctica que afecta tanto a ciudadanos como a empresas y que se ha extendido en modalidades como el cobro de piso, los montachoques o las llamadas telefónicas intimidatorias. El impacto social y económico es profundo: limita la actividad comercial, provoca cierres de negocios y alimenta la percepción de inseguridad. Nueva ley contra la extorsión en México La nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, promulgada en noviembre de 2025, busca enfrentar este problema con un marco legal uniforme en todo el país. Antes de su aprobación, cada estado definía y sancionaba la extorsión de manera distinta, lo que generaba vacíos legales y diferencias en las penas. Con la nueva legislación, se establece un concepto único de extorsión aplicable en todo México, se reconocen todas sus modalidades y se fijan sanciones homogéneas. La ley también fortalece las facultades de investigación de las autoridades, delimitando responsabilidades entre las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Esto significa que ahora existe un marco más claro para perseguir el delito y judicializar los casos. Además, contempla mecanismos de protección para las víctimas, con el objetivo de incentivar la denuncia, ya que la extorsión suele ser un delito poco reportado por miedo a represalias. Al homologar sanciones y definir claramente el delito, se pretende que las autoridades puedan actuar con mayor eficacia y que las víctimas tengan un marco de protección más sólido. Sin embargo, especialistas advierten que la efectividad dependerá de la coordinación entre los tres niveles de gobierno y de la capacidad de las fiscalías para investigar y sancionar. |
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